El Gobierno español cerró ayer una semana nefasta para el conjunto de los servicios públicos universales, que están siendo cercenados sin miramiento con la recurrente excusa de la crisis y la necesidad de reducir el déficit. En este caso, han sido la educación y la sanidad, sobre todo, aunque también el sector audiovisual, los que han resultado afectados por el embate gubernativo, pero el propio Mariano Rajoy ha anunciado que tiene previsto adoptar iniciativas similares en las próximas semanas.

Si en cuatro meses el PP ha aprobado una reforma laboral muy lesiva para los derechos de la clase trabajadora, ha impulsado una amnistía fiscal que favorece a los defraudadores, ha aplicado severos recortes en servicios públicos esenciales y ha reducido el poder adquisitivo de los pensionistas, el anuncio de su presidente hace prever un escenario de desmantelamiento de lo que algunos insisten en presentar como Estado del Bienestar. En cualquier caso, sería injusto trasladar toda la responsabilidad a Rajoy, puesto que en esa tarea su partido y el PSOE han ido de la mano desde mucho antes de que comenzara la crisis, sin olvidar que casi todas sus medidas han contado con el obsequioso apoyo del PNV. Asimismo, tanto el Ejecutivo de Iruñea como el de Lakua han mostrado la misma disposición a seguir la senda que marcan los mercados y, aunque con el cambio de gobierno en Madrid Patxi López ha empezado a criticar algunas de las medidas impuestas desde allí, ayer dejó claro que va a aplicar todas ellas.

No hay futuro al que las trabajadoras y trabajadores vascos puedan mirar con esperanza ni en el Estado ni en el sistema que nos ha conducido a esta situación. Euskal Herria necesita una salida diferente de la crisis, que tenga anclajes democráticos y que sea radicalmente distinta a la que se le pretende imponer. La huelga general del 29 de marzo demostró que este país tiene energía suficiente para construir una alternativa y andar su propio camino. Es hora de empezar a recorrerlo.