El manifiesto suscrito por más de 500 personalidades del Estado español, en el que instan a Madrid a avanzar en la resolución del conflicto dando pasos según la vía abierta por la Declaración de Aiete, ha sido interpretado por el Gobierno español como una coacción. Resulta incalificable esa interpretación de un posicionamiento a favor de una apuesta por la paz en unas condiciones inéditas, en un contexto favorable debido a la desactivación de la actividad armada por parte de ETA y otros pasos unilaterales, una apuesta avalada por líderes internacionales de renombre y experiencia contrastada. Como mínimo es insultante el hecho de que quien no solo se niega a dar el más mínimo paso hacia la resolución del conflicto -manteniendo vigentes medidas de presión que vulneran derechos-, sino que además intenta el fracaso de toda propuesta resolutiva, denomine coacción al llamamiento de quienes se suman a una hoja de ruta que es la de la sociedad vasca y apoyada por la comunidad internacional, llamar coacción a un manifiesto que propugna el diálogo, la reparación de todas las víctimas y el final de todo sufrimiento. Esa reacción del Gobierno español ante el Manifiesto Madrid-Donostia no se puede valorar con parámetros de racionalidad, y es indicativa del grado de visceralidad y de cerrazón del nacionalismo español, cualidades muy poco apropiadas para la política.