El Gobierno español aprobó ayer otro amplio paquete de recortes. Mientras se celebraba el Consejo de Ministros, la respuesta que el Ejecutivo de Lakua prevé dar a las medidas que ya se habían ido conociendo ocupó una buena parte del pleno de control en el Parlamento de Gasteiz. El discurso de Patxi López hizo hincapié en que esas prácticas neoliberales llevan a la recesión y el empobrecimiento, asegurando que hay otra forma de hacer las cosas y diciendo que defenderá el autogobierno de la invasión competencial. Pero a esas palabras le siguió el anuncio de que los recortes que sean obligatorios se aplicarán y los que se considere que invaden competencias se recurrirán después de aplicarlos, abriendo litigios que pueden durar años.

Es algo muy similar a lo que está avanzando su homóloga en Nafarroa, Yolanda Barcina, aunque esta hace menos énfasis en la posibilidad de recurrir las nuevas medidas, en lógica coherencia con el pacto UPN-PP que ella misma ha recuperado.

El lehendakari se negó ayer a adoptar medidas que pudieran ser consideradas un acto de insumisión o a buscar fórmulas que actualizaran el pase foral, como le habían solicitado Mikel Arana, de Ezker Anitza, y Dani Maeztu, de Aralar.

Patxi López aseguró que «la insumisión no es la respuesta institucional, nunca». Y en cuanto al pase foral, se preguntó dónde están los límites y qué hacer si un ciudadano u otra institución decidiera no cumplir con lo aprobado por Lakua.

Por lo tanto, su apuesta es la de que «este Gobierno cumplirá las medidas que sean obligatorias y no tengamos más remedio. No pida a este Gobierno que sea insumiso, no lo va a ser. Eso no es lo que toca hacer a los gobiernos si de verdad nos creemos lo que es el sistema democrático y el modelo institucional de este país. Pero recurriremos todas aquellas que nos parezcan que invaden competencias».

Patxi López repitió en distintas intervenciones a lo largo del pleno que no va a ser «el lehendakari que acabe con el Estado del Bienestar y las políticas públicas en Euskadi», ni el que «abandone el autogobierno y la capacidad para desarrollar, con todas sus competencias, políticas diferentes». Al hilo de este discurso, el PSE presentó una proposición no de ley urgente en la que «el Parlamento Vasco, al tiempo que rechaza la reforma laboral y los recortes en Educación y Sanidad anunciados por el Gobierno de España, insta al Gobierno Vasco a seguir defendiendo el autogobierno de Euskadi y los servicios públicos y políticas sociales, que consideramos pilares del Estado de Bienestar, sin descartar la posibilidad de acudir a la vía judicial».

Uniformización

Los recortes presentados en Madrid afectan al mismo hueso del Estado del Bienestar, ya que se centran en Sanidad y Educación. Las medidas se corresponden con lo que se había adelantado a los consejeros autonómicos durante la semana, pero llamó la atención además el afán uniformizador que encierran.

Un ejemplo es el relativo a los servicios sanitarios. La ministra, Ana Mato, explicó que quieren eliminar el llamado «turismo sanitario», para lo que se cambiará incluso la Ley de Extranjería a fin de evitar que cualquier persona inmigrante tenga acceso a tarjeta sanitaria desde el primer momento, imponiéndoseles ciertas condiciones.

El Gobierno español pretende acabar también con las diferencias de presentaciones entre comunidades, por lo que se dictará una cartera básica común de asistencia sanitaria «para todos por igual, estén en la comunidad autónoma en la que estén».

Del mismo modo, en el decreto-ley se incluye que se centralicen todas las compras por parte de las distintas comunidades autonómicas, que hasta ahora podían proveerse de bienes y servicios con libertad absoluta. Dijo que es algo imprescindible en aras a la «eficiencia».

Medicamentos y tasas

Con todo, las afecciones más directas a la ciudadanía se producen en el amplio catálogo de recortes o, más bien, sobrepagos por servicios públicos. Antes de la rueda de prensa, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, corrigió a los dirigentes de su partido que están restando gravedad a estas medidas, y dijo en concreto que «serán más de cuatro cafés al mes». En las últimas horas ha sido evidente el intento del PP por sembrar alarma entre la ciudadanía para facilitar que estos ataques sean asumidos. Así, Mariano Rajoy aseveró desde Colombia que «no hay dinero» para mantener el sistema, y el portavoz del partido, Carlos Floriano, añadió ayer que «estamos en el precipicio, agarrados a una cornisa».

Destaca el pago por medicamentos, impuesto también ahora a los pensionistas y que ha tenido gran impacto social. Mato lo justificó en que se trata de productos caros y en que se produce un despilfarro dado que el año pasado se tiraron «3.800 toneladas, sin contar los que se quedaron en los hogares». Además, la ministra indicó que recortarán la atención hospitalaria porque hay enfermos que «están mejor en residencias que en camas hospitalarias».

En el capítulo de Educación, por su alcance y su significado sobresale el incremento de las tasas universitarias en un 50%, que el Gobierno justifica como un modo de exigir que los estudiantes «respondan al esfuerzo que hace el conjunto de la ciudadanía». Varios partidos y sindicatos alertan de que esto dificultará el acceso a la universi- dad de quienes menos recursos económicos tienen, y más cuando las becas no van a crecer, sino que se endurecerán sus requisitos en base al rendimiento. La UPV expresó su preocupación. Tanto Yolanda Barcina como la consejera de Lakua Isabel Celaá dicen que nadie dejará de estudiar por falta de dinero, un discurso calcado al que utilizan mandatarios de otras comunidades. Pero para ello tendrán que tomar medidas paliativas.