La manifestación convocada con urgencia el jueves, en protesta por las últimas detenciones relacionadas con la huelga, reunió a 1.100 personas bajo el lema «Errepresioa Stop. Por un nuevo modelo económico y social». En la redada de anteayer fueron detenidas 14 personas por delitos contra el derecho a los trabajadores, desórdenes y daños durante la huelga general. Los últimos en comparecer ante el juez quedaron en libertad por la mañana.

La marcha comenzó a las 19.00 horas desde la plaza del Castillo, recorrió Carlos III hasta Merindades y pasó frente a la Delegación para después regresar al punto de partida. Irantzu López y el portavoz de la Asamblea de Parados leyeron el manifiesto en el que aseguraron que las políticas de recorte suponen «un insulto a la inteligencia» y reivindicaron un reparto del trabajo y la riqueza. La manifestación estuvo custodiada por agentes con lanzapelotas tanto en la cabecera como en la cola.

La Delegación del Gobierno emitió una nueva nota de prensa para comunicar que todos los arrestados estaban ya en libertad. Esta nota aclaraba que la redada fue realizada por la Brigada de Información de la Policía española y la Policía Municipal. Ocho de los detenidos tienen antecedentes por delitos de desórdenes públicos o daños y uno de ellos fue condenado por tenencia de armas y explosivos. Según esta comunicación, las investigaciones de los dos cuerpos continúan abiertas. Todos los arrestados están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y algunos de ellos por desórdenes públicos (por el incidente de la calle Estafeta). Además, a cinco se les imputan los destrozos en el mobiliario de la Avenida Carlos III como un delito de daños.

ELA critica las detenciones

El sindicato ELA, que no se encontraba entre los convocantes de la manifestación, emitió ayer un comunicado solidarizándose con los detenidos y exigiendo su inmediata liberación. ELA les considera víctimas de una campaña «criminalizadora», que vincula a la restricción del derecho a la huelga y a la protesta que se debatirá en el Congreso «a instancias de la derecha política». Por otro lado, el sindicato comparte la visión de que la redada sirve a una «estrategia para desviar la atención de la verdadera noticia: el éxito rotundo de una huelga general sin precedentes que dejó bien claro el rechazo social a la reforma laboral y los recortes sociales ejecutados por los Gobiernos de Madrid y de Nafarroa».

Por otro lado, Nafar libertarioak también manifestó su apoyo a los 14 arrestados en la última redada, que amplió a los otros 16 detenidos con motivo de la huelga. «Tanto el aumento cualitativo de la represión policial como los anuncios de la excepcionalidad legal como norma, el circo mediático y la creación de alarma social a partir de la legítima expresión de la rabia, responden a un recrudecimiento de la política capitalista», sostienen los libertarios.

La delegada, con la agenda llena

A mediodía, una representación de LAB, ESK, CGT, varias ONG, la Asamblea de Parados, Bildu, Amaiur y la izquierda abertzale intentaron reunirse con la delegada del Gobierno para pedir una explicación. Un retén de la Policía española les impidió el paso a la sede del Delegación y les emplazó a que esperaran una respuesta. Justo en ese momento, y sin detenerse, entró al edificio la delegada, Carmen Alba, cruzándose con los que esperaban. Unos minutos después, llegó la confirmación de que no les concedería audiencia, a pesar de que se encontraban a las puertas el parlamentario de Bildu Koldo Amezketa y el congresista de Amaiur, Sabino Cuadra. La excusa fue que la agenda de Alba «está llena». La contestación escrita fue entregada en mano por un policía. Se trataba de un post-it con la dirección de correo y el fax de la Delegación, para que concertaran cita. «Está claro que la delegada no entiende qué es una urgencia», exclamó el portavoz de LAB