El Gobierno español acordó ayer restringir las importaciones de biocombustible procedente de Argentina como primera medida de respuesta a la expropiación de la petrolera YPF a Repsol decretada por el Gobierno de Cristina Fernández.

No obstante, el Ejecutivo español analizaba al menos desde junio pasado un proyecto para asignar el abastecimiento de la demanda española de biodiésel a fábricas de países de la Unión Europea. Con ello, pretendía evitar lo que considera «importaciones desleales de biocarburantes», según señaló ya el pasado diciembre el diario «Bae».

De hecho, la UE en su conjunto restringe hace tiempo la entrada de biodiésel a base de soja argentino y las exigencias de la directiva comunitaria sobre la reducción de CO2 que debe suponer el biocombustible marginan a la producción argentina.

Según el Gobierno argentino Bruselas utiliza este argumento como «una barrera paraarancelaria» y cada vez incorpora mayores condiciones.

Precisamente, la decisión del Consejo de Ministros español coincidió con una resolución del Parlamento Europeo en favor de que la UE suspenda parcialmente las ventajas arancelarias de las que se benefician productos argentinos como el biodiésel para entrar en el mercado comunitario. La restricción de las compras de biocarburante es la primera represalia de carácter comercial después de que el Gobierno advirtiera el lunes, tras conocerse la expropiación, de que tomaría medidas «claras y contundentes».

Artgentina no responderá

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que lo que busca esta norma es incentivar la producción de biocarburante en los centros de refinado que hay en el Estado español, reduciendo de paso las importaciones argentinas.

La medida era una de las diez demandadas al Gobierno de Mariano Rajoy por parte de las empresas productoras de biocarburantes españolas, un sector en crisis, con casi todas sus plantas paradas o funcionando a menos del 20% de su capacidad. Por su parte, Cristina Fernández aseguró que Argentina no responderá a la «decisión soberana» que adoptó el Estado español, después de indicar que Argentina está en condiciones de absorber con su consumo las 400.000 toneladas anuales de biodiésel que coloca en el mercado español. «No diremos que nos están cerrando las exportaciones, no habrá diatribas, no somos así», afirmó, subrayando su respeto por la soberanía de los países.

«Tendrán que pagar más»

Añadió que el biodiésel argentino «es mucho más barato» que el que se producen en el Estado español, por lo que los españoles tendrán que comprarlo más caro. En 2011, el Estado español compró biodiésel a Argentina por un valor de 700 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

Sáenz de Santamaría no dio pistas de cuáles podrían ser los próximos pasos para responder a la expropiación. Recordó además la intensa campaña diplomática española para obtener apoyos, y que, Sáenz de Santamaría, se ha traducido en un «amplio apoyo» de Iberoamérica, de la Unión Europea y de Estados UNIDOS, así como de numerosos organismos internacionales.

La UE expresó su preocupación la expropiación de YPF y dijo que «deja abiertas todas las opciones posibles para llevar este tema al nivel multilateral y bilateral».