Carmen Lamarca ejerció el pasado jueves como portavoz de las más de 500 personalidades que han suscrito el documento «Madrid-Donostia: Paz y Democracia para el País Vasco». En un ambiente tan mediatizado por la derecha como es la capital del Estado español, esta iniciativa pretende aportar un granito de arena a la creciente demanda de compromisos hacia el Gobierno de Mariano Rajoy.

¿Por qué se lanza ahora este manifiesto?

Es el momento. Se dan todas las condiciones. Hay un cese definitivo y confirmado de la violencia, por lo que es el momento ideal para partir de cero y empezar a trabajar en el ámbito meramente político, donde la mayoría de personas que estamos en este manifiesto siempre hemos dicho que se puede discutir absolutamente todo. En eso consiste un auténtico Estado de Derecho. Todas las opciones políticas deben de ser respetadas y escuchadas para poder trabajar en ellas.

En su documento reconocen el paso dado por ETA, una de las partes emplazadas por la declaración de Aiete. Sin embargo, el Gobierno español sigue anclado en el inmovilismo.

Le falta mover ficha; la pelota está en su tejado. Quizás, no tenga el valor suficiente para dar una respuesta global a todo esto. Pero mi esperanza es que poco a poco, en distintos ámbitos, en algunas medidas y opciones, se vayan incorporando y aportando soluciones. No podemos olvidar que durante los gobiernos del PP ya ha habido excarcelaciones y movimientos de presos. Ellos muchas veces dicen una cosa pero luego hacen otra. Y a nosotros lo que nos importa es lo que hacen.

Sin embargo, las medidas que están aplicando van en un sentido opuesto. Ahí está la reciente sentencia del Tribunal Constitucional avalando la denominada «doctrina Parot».

Ha sido una desilusión. Esperaba que pusiese un coto total y radical al tema. No ha dicho que la «doctrina Parot» era contraria a nuestra legislación penal, que yo creo honestamente que lo es. Se necesitaría una opción político-criminal mucho más valiente, de muchas más miras.

El Ejecutivo también impone nuevas exigencias, como la demanda de «perdón».

Una cosa es cumplir los requisitos jurídicos, Pero no quiero entrar en valoraciones de valoración meramente moral. El derecho y la moral no deben ir en ningún momento parejos.

Sin embargo, esa es la línea roja que quiere marcar Madrid .

Reinserción significa no volver a delinquir. Pero no implica asumir valores de una sociedad que uno no puede compartir. No se puede exigir nada que sea moral ni que implique asumir valores distintos a los que yo puedo tener.

Ha mencionado que el Estado debería de asumir sus responsabilidades. ¿Lo ve factible?

Sí, lo debe de hacer también. Debe de reconocer que hay muchas conductas que han causado tanto o igual dolor y que no siempre se ha tenido la sensibilidad, en este caso jurídica, de calificarlas de igual modo. Ese reconocimiento sería bueno y creo que lo terminará haciendo.

Ustedes ya han anunciado un futuro acto en Madrid de apoyo a la declaración de Aiete. ¿Cree que existen condiciones?

Creo que sí. Tengo ilusión y ganas porque en Madrid hay muchas sensibilidades, y es el momento histórico para dar este paso, la oportunidad para pulsarlo.

Las asociaciones de víctimas ya han mostrado su rechazo.

Hay que tener presentes a las asociaciones de víctimas, darles cobertura y la reparación posible. Pero ellas deben abrirse y reconocer a todas las víctimas. No son cuestiones incompatibles. Tampoco pueden ser parte en un proceso porque les falta la imparcialidad necesaria para poder entrar en ese procedimiento y verlo con otros ojos.

¿No hace falta más pedagogía en el Estado español?

Vivimos tiempos muy malos. Quizás la gente ha dado por sentado que esto se ha acabado y han pasado página. Pero creo que en Madrid esto se ha valorado mucho y hay que dar cauces para que pueda manifestarse.