«El momento de la dispersión ha pasado». De este modo se expresaron ayer jueces instructores de la Audiencia Nacional española según recogieron sendos teletipos de las agencias Efe y Europa Press. Los magistrados del tribunal de excepción, cuyos nombres no se revelaban en los textos citados, consideraron «lógico» que los presos políticos vascos sean repatriados tras el anunciao de ETA de cesar su actividad armada. Este anuncio llega un día después de que el Ministerio del Interior avanzase un «plan de reinserción», que incluye el retorno a cárceles de Euskal Herria si se cumplen determinados supuestos. Las intenciones de la cartera que dirige Fernández Díaz fueron salu- dadas por este grupo de togados, que dio total «legitimidad» al Ejecutivo para rediseñar su política carcelaria y adecuarla al nuevo tiempo político. Un planteamiento que choca con las asociaciones de víctimas. La mayoría de sus portavoces ha puesto el grito en el cielo e Interior celebró ayer tres reuniones urgentes con el objetivo de aplacar los ánimos. No lo logró. Sus portavoces amenazan con salir a la calle contra el Ejecutivo del PP.

«Tiene sentido una política diferente ante el nuevo escenario», fue el mensaje lanzado ayer por los jueces instructores consultados por las dos principales agencias españolas. En su opinión, el momento actual favorece la desactivación de determinadas políticas excepcionales para tratar de «equiparar» a los presos políticos con otros encarcelados, lo que abriría la vía a beneficios penitenciarios. En este punto, los togados marcan su línea roja en el «cumplimiento estricto de la ley». A pesar de que los magistrados no quisieron entrar a valorar el fondo del plan presentado por Interior, sí que reconocieron que la dispersión «ya no tiene sentido».

Reuniones y divisiones

En otra posición se encuentran las asociaciones de víctimas, que no mantienen una postura común. Ayer, varias de ellas desfilaron por la sede de Interior para recibir explicaciones. En principio estaba previsto que las reuniones fuesen dirigidas por la directora general de Apoyo a Víctimas, Sonia Ramos, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Finalmente, ante la cascada de críticas, acudió el ministro.

Las asociaciones aparecieron divididas. Los más radicalmente opuestos son aquellos que se suman a las tesis defendidas por Jaime Mayor Oreja, representante del ala más ultra del PP. Entre ellos, AVT, Voces contra el Terrorismo o el Foro de Ermua. Para Inmaculada Castilla de Cortázar, de esta última agrupación, constituye «un aval a la negociación mantenida entre ETA y el Gobierno del PSOE». En la misma línea, Ángeles Pedraza, de la AVT, aseguró sentirse «traicionada» por lo que considera un cambio en la estrategia del Gobierno. Pedraza no descartó convocar marchas. Mamen Álvarez, de Voces contra el Terrorismo, dio un paso más y puso fecha. El 10 de mayo presentarán una plataforma denominada Mujeres por la Justicia. Todos los meses se manifestarán en Madrid, aunque amenazó con concentrarse a las puertas de una cárcel cuando un preso sea excarcelado o ante la Diputación de Gipuzkoa. Podría darse la paradoja de que quienes marcharon junto al PP en las anteriores legislaturas saquen ahora sus pancartas contra la formación que les alentó.

Menos beligerantes aparecieron Asociación Afectados 11M, de Pilar Manjón, o Zaitu, representada por Joseba Markaida. No tomó la palabra la representante de Covite, que abandonó el Ministerio sin pasar por la sala de prensa. Además, Dignidad y Justicia declinó participar en las reuniones alegando problemas de sus representantes.

Las comparecencias también sirvieron para conocer más detalles sobre el proyecto de Interior. Por la mañana, tras el Consejo de Ministros, Soraya Sáez de Santamaría no quiso dar detalles sobre cuáles serán las cárceles que alberguen los «cursos» previstos. Por la tarde, uno de los representantes de una asociación señaló que Nanclares será el centro prioritario.

Por el momento no se ha hecho público ningún documento que plasme el plan. Algunas asociaciones pidieron una copia y Fernández Díaz les remitió a la semana próxima. Primero, podría ser el lunes, llegará a los grupos en el Congreso. Este plazo podría alargarse, ya que no está prevista ninguna actividad parlamentaria hasta el jueves. Después pasará a las asociaciones de víctimas, que indicaron que no hay opción de que Interior lo retire.