La Comisión Internacional de Verificación vuelve a Euskal Herria para celebrar su tercera ronda de contactos, tras las que tuvieron lugar en setiembre de 2011 y en enero pasado. Casi cinco meses después, los expertos que la conforman, con Ram Manikkalingam como coordinador, se entrevistarán con partidos, sindicatos y otros agentes sociales para valorar la situación actual, y contrastar sobre todo la materialización del cese definitivo de su actividad armada decretado por ETA en octubre. En la visita de enero, los verificadores certificaron que se estaba cumpliendo plenamente, cuando el PP aún aparentaba recelos.

Como ocurrió en enero, solo el PP mantendrá su puerta cerrada a este grupo con amplia experiencia en la resolución de conflictos armados y formado por gentes como el ex secretario general de Interpol Raymond Kendall o el exdirigente de la fuerza de la ONU para los Balcanes Satish Nambiar.

Carlos Urquijo, delegado del Gobierno español en la CAV, indicó ayer que no solo se niegan a recibirles, sino que tampoco tendrán en cuenta ninguna demanda que se les pueda trasladar desde este grupo. «La verificación que tiene que hacer el Gobierno sobre el alto el fuego de ETA la hace a través del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, además de los Servicios de Información del Estado», sostuvo. Otro tanto afirmaba el PSOE cuando gobernaba en La Moncloa, pero ahora el PSE vuelve a confirmar que participará en la ronda, lo que supone un aval a la labor de los verificadores. En cuanto al Gobierno de Lakua, se lo está pensando todavía.

Informe de Europol

La cerrazón del PP contrasta aún más dado que hace solo diez días el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, destacó un informe de Europol referido a 2011 que habla de que ETA «sigue reclutando nuevos miembros y recabando información sobre nuevos objetivos».

A este respecto, Fernández estimó que si ETA toma esas decisiones «es por algo y para algo». Consideró, por tanto, que el informe de Europol «avala nuestra posición de exigirle su disolución incondicional». En cual- quier caso, el Gobierno español remarca también que ni hay actividad armada de ETA ni la espera, aunque atribuye esa circunstancia a su «debilidad» y no a su decisión expresa.