Trece ciudadanos y ciudadanas vascas se enfrentan a penas de entre siete y nueve años de cárcel por querer concurrir a unas elecciones. Esta breve introducción resume perfectamente el sinsentido de lo que a partir de hoy va a acontecer en la Audiencia Nacional, digna sucesora del Tribunal de Orden Público franquista y escenario principal de los desmanes judiciales cometidos por el Estado español contra la disidencia vasca en las últimas décadas. Como en otras ocasiones, este ataque a los derechos civiles y políticos lleva la firma del juez Baltasar Garzón, a quien algunos insisten en premiar por su contribución a los derechos humanos.

Hoy va a comenzar, por tanto, un nuevo juicio político en Madrid. No es el primero y es igual de injusto y arbitrario que aquellos que le han precedido. Tampoco es una novedad, aunque sí algo muy grave, que los encausados tengan que hacer frente a una clara indefensión judicial -más allá del propio origen de su procesamiento- por no conocer siquiera qué magistrados les van a juzgar o haberles rechazado la gran mayoría de los testigos propuestos. En este sentido, llueve sobre mojado en un Estado acostumbrado a incumplir los mínimos estándares democráticos. Sin embargo, este juicio rompe todos los moldes por el contexto en el que se produce, seis meses y medio después de que ETA anunciara el cese definitivo de sus actividades y cuando este país, con gran esfuerzo, intenta levantar un escenario de paz definitiva y democracia real.

El juicio contra D3M y Askatasuna es el vivo ejemplo de que el Estado español hace caso omiso a las demandas que le llegan desde Euskal Herria y que tan fuerte resuenan en el ámbito internacional. La sociedad vasca encuentra inexplicable e inaceptable que estas trece personas se sienten en un banquillo por querer someterse al refrendo popular. Por eso, esta tarde volverá a dejar claro que no admite más atropellos, igual que el sábado en las calles de Bilbo. Hasta que le escuchen.