El juez notificó ayer al fotógrafo Iñigo Uriz de Argazki Press (la agencia con la que trabaja este periódico) la autorización para borrar la tarjeta de memoria que le fue requisada por la policía el pasado día 27 de marzo y en la que se encontraban fotos de, al menos, dos noticias del día y un reportaje encargados por GARA. El reportero se vio obligado a entregar su trabajo a instancias de unos agentes de paisano, que consideraron que podrían vulnerar su seguridad y que eso prima por encima del derecho a la información. Esta decisión de borrar la tarjeta probablemente sea recurrida, ya que el juez no sustenta su decisión en ninguna ley.

La decisión de eliminar el trabajo de un periodista tuvo lugar un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy. El caso resulta especialmente gráfico, ya que el juez no argumenta los motivos para la destrucción de las fotografías y, muy probablemente, haya accedido a la petición policial sin siquiera haber visto las instantáneas. El reportero alega que en ellas no se identifica a los agentes de paisano.

Los hechos se remontan a la mañana del 27 de marzo. Este periódico había encargado una imagen de una protesta de Nafarroako Pentsionistak Martxan y Sasoia, en la que se acudió a varias sedes bancarias para romper sus cartillas. En un momento dado, el fotógrafo se percató de que había dos sujetos con cámaras profesionales tomando imágenes de los protestantes, de los medios de comunicación y de los policías de uniforme. Decidió fotografiarles a ellos también. «La situación me pareció curiosa y, por curiosidad de saber la identidad de esas personas y suponiendo que eran compañeros de trabajo, los fotografié. Al mirar las fotos no pude identificar a ninguno porque sus caras no eran visibles en las fotos», asegura Uriz.

Los agentes no se identifican

Minutos después de la protesta, cuando se dirigía a la oficina de GARA en Iruñea, esos dos desconocidos le asaltaron. «Uno de ellos se identificó como policía y me insta a que le entregue la cámara, a lo que me niego», continúa el afectado. «Entonces el agente me agarra del brazo izquierdo y comienza a forzarme, a lo que respondo pidiendo ayuda a gritos». Para evitar el escándalo, los agentes llevaron por la fuerza al fotógrafo al interior de un comercio. «Seguidamente, me piden que les entregue la tarjeta de memoria con las fotos. Me vuelvo a negar. Me piden que borre las fotos y me niego de nuevo, alegando que sólo lo haré por orden del juez», continúa el relato de Uriz.

El reportero añade que llamó a su agencia, que le refrendó en si decisión de no entregar su trabajo y contactó con un abogado. Asimismo, Uriz afirma que solicitó el número de placa a los agentes, quienes se comprometieron a entregárselo, cosa que no ha sucedido. Poco después, llegaron más agentes uniformados. Avisado por Argazki Press, también se persona un redactor de este periódico. Todos salen a la calle, a petición de la dueña de la tienda, que afirma que la situación «está espantando a la clientela».

Finalmente, el fotógrafo accede a entregar su tarjeta de memoria en un sobre sellado. Este sobre se cogió de la oficina de GARA y lleva el anagrama del periódico. «El agente introduce la tarjeta en el sobre, lo cierra y me pide que lo firme en la boca para evitar manipulaciones», continúa Uriz.

Las particularidades del sobre con el anagrama del periódico y la posterior firma en la boca del mismo, tienen una relevancia especial. Ayer, cuando el reportero acudió al juzgado a recibir la notificación judicial, pudo ver el sobre con el cierre intacto. De todo ello se deduce que el juez no solo no ha creído necesario sustentar la destrucción del trabajo periodístico en ninguna ley concreta sino que, lo que es más grave, ni siquiera se ha molestado en visualizar las imágenes que ve imprescindible borrar. A la espera del eventual recurso, las fotos todavía existen.