Lakua anuncia que mediará con los bancos para evitar los desahucios
El Gobierno de Gasteiz anunció ayer la puesta en marcha de un plan de «ayuda al sobreendeudamiento familiar» que incluye un servicio de mediación entre afectados y entidades financieras para tratar de evitar los desahucios, así como la aportación de una vivienda de alquiler protegido a quienes hayan perdido su casa y estén en riesgo de exclusión social. Stop Desahucios afirma que hará un seguimiento de las actuaciones.
GARA | GASTEIZ
Los consejeros de Justicia y de Vivienda del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia e Iñaki Arriola, respectivamente, presentaron ayer este nuevo servicio integral, junto con la directora del Instituto Vasco de Consumo, Ana Collía, que también participó en la comparecencia pública.
El plan consta básicamente de tres pilares: el asesoramiento a los ciudadanos que tengan intención de contratar una hipoteca; la mediación entre las entidades bancarias y las personas o familias que padecen un sobreendeudamiento; y la decisión de facilitar viviendas en alquiler a quienes hayan sido desahuciados y estén en riesgo de exclusión social.
La primera fase del servicio se basa en el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide. Las personas que lo deseen podrán acudir a sus oficinas o consultar por internet con los especialistas de este servicio que les asesorarán sobre cuál es la oferta que más les conviene a la hora de contratar un crédito hipotecario. Además, propondrán pautas de actuación para que el usuario tenga el mayor control posible sobre la operación financiera.
La segunda fase del servicio es la mediación, una prestación que será pública y gratuita y que intentará que las entidades bancarias o cajas de ahorro lleguen a un acuerdo con los usuarios en los casos de sobreendeudamiento para tratar de evitar los desahucios.
El Ejecutivo autonómico está negociando con las entidades financieras su adhesión a esta iniciativa a través de un acuerdo de mínimos que facilite su colaboración.
Mendia explicó que en el 95% de los casos de sobreendeudamiento familiar los clientes llegan a acuerdos con sus bancos y que este servicio irá dirigido principalmente al 5% restante.
Para poder acceder a este servicio de mediación, voluntario para todas las partes, el inmueble afectado tendrá que constituir la vivienda habitual del afectado, el préstamo hipotecario no podrá superar los 350.000 euros y será independiente de si existe o no un proceso judicial en curso.
En este servicio se hará un estudio de la capacidad económica de la familia para proponer las soluciones -según señaló Mendia- «que mejor satisfagan a todas las partes, como la dación en pago o el establecimiento de un alquiler a la entidad que concedió el préstamo por parte del comprador».
El objetivo será que cuando un ciudadano no pueda hacer frente al pago de las cuotas del préstamo la pérdida de la vivienda habitual sea «el último recurso».
Una vez que se ha llegado al desahucio, y según indicó el consejero Iñaki Arriola, el Ejecutivo autonómico facilitará, «cuanto antes», una vivienda en alquiler protegido a aquellas personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria sitúe en grave riesgo de exclusión social.
Este riesgo será evaluado por los servicios sociales y la vivienda que se dará en alquiler estará en el ámbito funcional y geográfico del ciudadano o familia.
Para el resto de casos en los que no exista riesgo de exclusión social, se atenderá a unos baremos para acceder a una vivienda de alquiler.
Viviendas protegidas
En el caso de las viviendas protegidas, el Gobierno comprará las que presenten situaciones de morosidad sobrevenida por causas como desempleo, incapacidades o cese de la actividad como autónomo.
Con la compra de la vivienda, el Gobierno cancelará la deuda y liberará al propietario de cualquier obligación sobre la misma y le abonará, en su caso, la diferencia entre el precio de la casa y la deuda contraída viva.
Las personas que resulten liberadas así de la deuda hipotecaria podrán acceder de forma preferente a los programas de vivienda en alquiler del Gobierno de Gasteiz y las viviendas que adquiera serán vendidas o alquiladas por parte de la Administración.
Arriola explicó que de esta manera su Ejecutivo asumirá directamente el riesgo de morosidad del mercado hipotecario con el fin de facilitar que las entidades financieras concedan créditos para la compra de una VPO al no tener que asumir ellas ese riesgo.
Mendia recordó que el lehendakari, Patxi López, anunció en octubre del año pasado, con motivo de la apertura del Año Judicial , que el Gobierno iba a desarrollar políticas públicas para evitar los desahucios, que en los últimos cuatro años casi se han duplicado, al llegar a los más de 2.200 anuales en la actualidad.
Stop desahucios
Por su parte, la plataforma Stop Desahucios Bizkaia valoró el plan del Ejecutivo presentado ayer y anunció que informará a los afectados de las medidas puestas en marcha.
En una nota de prensa, Stop Desahucios señala que hará un seguimiento de las actuaciones del Gobierno «para determinar más adelante su eficacia».
No obstante, esta plataforma reclama un «cambio profundo» en la legislación y anuncia que impulsará una recogida de firmas para reclamar que toda la política pública de vivienda se oriente a garantizar el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución española.
Un grupo de personas se concentró ayer a las puertas del Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo, con sacos de dormir y junto a varias casas de cartón, en una protesta organizada por el colectivo Berri-Otxoak bajo el lema «Sin Casa y Sin Derechos... Viviendo en la Calle». Los concentrados denunciaron que los desahucios aumentaron en 2011 un 32% en el municipio, mientras el Ayuntamiento ha llevado adelante recortes sociales a los más necesitados «que son los que se quedan sin casa o sin medios para poder sobrevivir».
El 9% de los desahucios que se producen en la CAV se producen en Barakaldo. Así, en 2011 un total de 203 familias perdieron su vivienda. En el conjunto de la CAV llegaron a 2.242 familias las que fueron expulsadas de su casa en el año 2011: 1.260 en Bizkaia; 580, en Araba; y 402 en Gipuzkoa. Los concentrados denunciaron que el aumento de los desahucios llega al 32% comparando los de 2011 frente a los de 2010. De 154 desahucios a los 203 en 2011. Berri-Otxoak aseguró que fueron 54 las familias desalojadas de sus casas entre enero y marzo de 2011; otras 59 entre abril y junio; 37 entre julio y septiembre; y, finalmente, 53 entre octubre y diciembre. «En total, cuatro familias de Barakaldo son desahuciadas a la semana de sus viviendas». Mientras se produce esa situación grave, Berri-Otxoak denunció que el Ayuntamiento de Barakaldo «recorta las prestaciones sociales, lo cual imposibilita el garantizar una vida digna en el municipio. Redujeron en un 12% la partida presupuestaria destinada a Acción Social. Esto supone una rebaja de 1,3 millones de euros, lo que es un grave recorte».
Por otro lado, denunciaron que «se ha endurecido la normativa para el acceso a una asignación económica para hacer frente a alquileres e hipotecas». J.BASTERRA
El PSE apurará hasta el último momento las negociaciones para aprobar un texto consensuado, para lo cual el debate sobre este tema se ha pasado del primer al segundo punto del orden del día.
