El Gobierno español y el PP han respondido con un perfil bajo a la decisión del presidente boliviano Evo Morales de nacionalizar la filial de Red Eléctrica de España (REE) por el insuficiente nivel de inversiones desde 1996.

Aunque criticó la medida, el ministro de Economía, Luis de Guindos, prefirió poner el acento en la promesa de Bolivia de «compensar» a Red Eléctrica de España por «los costes invertidos en la red de electricidad. Evidentemente, el Gobierno va a vigilar que haya un justiprecio en estas situaciones».

Consideró que la empresa española «estaba dando un buen servicio desde el punto de vista de lo que es la economía de Bolivia y los ciudadanos de Bolivia».

De Guindos quiso diferenciar esta nueva expropiación de la de YPF. «No creemos que exista en absoluto ningún tipo de situación generalizada en América Latina. Son situaciones independientes», insistió. «Son decisiones que son negativas fundamentalmente para los países que las toman, para los Gobiernos de los países que las toman. Tienen implicaciones a medio plazo desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico de estos países y de lo que es la garantía de las inversiones, y las inversiones son fundamentales», manifestó.

En su opinión, «las empresas de capital español que trabajan en los países de América Latina están haciendo una función y un servicio básico al desarrollo de estos países y también a lo que es el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos».

Desde el PP, el vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, subrayó que la decisión de Bolivia «no supone un ataque directo» como, a su juicio, sí lo fue la de Argentina.

«En Argentina hubo un ataque directo a España porque se seleccionaron accionistas epañoles dentro de la filial y en el caso de Bolivia se expropia a toda la empresa», remarcó.

Para Floriano, los máximos perjudicados serán ambos países porque «quién va invertir en dichos estados si la voluntad jurídica es violentada».

Sin embargo, el asesor en Relaciones Internacionales y Cooperación Francisco Pineda consideró que el Gobierno «debería tomar nota de lo que está pasando y preguntarse por qué».

El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, demandó a Madrid «medidas fuertes, de lo contrario, después pueden venir Venezuela, Ecuador».