Las dos proposiciones no de norma de Bildu y PSE en favor de las trabajadoras de Konecta BTO de la planta de Güeñes salieron adelante. El PNV votó a favor de las mismas; el PSE se abstuvo en la de Bildu porque no acepta, como recogía la formación soberanista, la exigencia del marco vasco de relaciones laborales, mientras que Bildu sí apoyó la del PSE. Solo el PP votó en contra de ambas, quedando en una posición minoritaria.

De esta manera, las Juntas Generales de Bizkaia instan a la Diputación de Bizkaia a que «conmine a Iberdrola para que termine con la sangría de despidos y traslados de su subcontrata de atención telefónica, Konecta BTO, y para que ésta readmita y mantenga en sus puestos a las personas despedidas o trasladadas». Además, la moción de Bildu apoyada por el PNV pide a Iberdrola que «garantice el mantenimiento del empleo en Enkarterriak» y recordó la huelga de hambre que dos delegadas de LAB llevaron a cabo durante 16 días en defensa del empleo en la subcontrata de Iberdrola y en Enkarterriak.

Porque, como explicaron las trabajadoras de LAB y CCOO que se concentraron ante la sede de las Juntas Generales, «esta comarca se está desertizando. Konecta BTO es la más grande, junto a Virtisú y Kimberly, pero el deterioro se ha acelerado, por lo que no podemos permitir que ocurra algo parecido en la planta de atención telefónica de Iberdrola en Güeñes».

En la propuesta del PSE, se muestra el apoyo a las trabajadoras de Konecta BTO. En ella se recuerda que con la anterior subcontrata, Customenworks, del grupo Accenture, antes de producirse el cambio de empresa la plantilla estaba compuesta por 329 personas y ahora se encuentra en alrededor de 250 personas, en su mayoría mujeres jóvenes». Igual que Bildu, la iniciativa del PSE denuncia la aplicación de la nueva reforma laboral por parte de la dirección de Konecta BTO, dado que ha despedido a once trabajadoras por bajas médicas, a pesar de estar justificadas, y el traslado forzoso de otras siete a la planta de Barcelona. En la iniciativa del PSE se insta a Iberdrola a que «obligue a su proveedor a llevar una política laboral socialmente responsable». Las Juntas Generales «apuestan por la creación de puestos de trabajo y no por la destrucción». A la vez que dudan que la actual reforma laboral «sea la vía para la creación de puestos de trabajo».