Como todos los días desde hacía 21 años, aquel 14 de julio de 1998 los últimos periodistas de «Egin» abandonaron sus mesas de trabajo y apagaron las luces de la oficina de la primera planta al filo de la medianoche. La amplia redacción central del periódico en Hernani presentaba la pulcritud y el orden habitual de cualquier lugar de trabajo donde el papel, los micrófonos y los ordenadores son la principal herramienta.

Unas horas más tarde, hacia las cuatro de la madrugada del día 15, en la planta baja del pabellón los operarios de la rotativa habían concluido ya el trabajo de impresión y acometían las tareas diarias de limpieza y mantenimiento de la máquina. Las últimas furgonetas de reparto acababan de dejar la nave del polígono Eziago cuando, a las 4.40, dos centenares de agentes de la Policía española, fuertemente pertrechados, tomaban al asalto las instalaciones del periódico y de Egin Irratia bajo la dirección del entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

La denominada «Operación Persiana» culminaba aquella madrugada con la detención de once directivos del grupo comunicativo, la clausura y precinto de todas sus instalaciones en Hernani, Bilbo, Gasteiz e Iruñea y la suspensión de la actividad empresarial e informativa. Comenzaba así la escalofriante historia procesal de una de las vulneraciones de la libertad de expresión e información más graves de la historia reciente de Europa.

La pieza referida a «Egin» fue incluida en el Proceso 18/98, cuyo tribunal fue presidido por la magistrada Ángela Murillo, que en diciembre de 2007 condenó a 47 personas a duras penas de cárcel. Once de los dieciocho procesados por el «caso Egin» -entre ellos su director, Jabier Salutregi- continúan todavía hoy en prisión bajo las insólitas acusaciones de «integración» o «colaboración» en organización armada. La sentencia emitida por la Audiencia Nacional argumentaba también la «ilicitud de las actividades» de las empresas del grupo Orain S.A., Ardatza S.A., Hernani Inprimategia S.L., Publicidad Lema 2000 S.L. y Erigane S.L., propietaria esta última de las instalaciones de Hernani. El conjunto de las sociedades empleaba directamente a casi 250 personas.

El 21 de julio de 1998, apenas una semana después del cierre del periódico y la radio, Garzón nombró al funcionario de la Agencia Tributaria de Madrid Antonio López Iranzo como administrador judicial para gestionar la actividad de las empresas y proteger su patrimonio. Para ello disponía de las facultades legales y los fondos depositados en las cuentas corrientes del grupo intervenidas en la operación, que en aquel momento alcanzaban una cantidad equivalente a un millón de euros.

El juez ordenó, asimismo, la custodia policial de la nave, por lo que agentes de la Policía española se turnaron durante meses en la vigilancia en el interior del edificio, donde comían, pernoctaban y velaban por el precinto judicial.

Patrimonio y solvencia

En el momento de la clausura, en 1998, las instalaciones de la Parcela B-10 del polígono Eziago de Hernani, de aproximadamente 1.500 metros cuadrados de superficie y 2.600 útiles debido a la doble altura, tenían un «valor real» de 278,75 millones de pesetas (1,67 millones de euros), según consta en la página 165 de la sentencia emitida por la Audiencia Nacional.

El pabellón albergaba la redacción central del periódico, la radio y la administración; en él se encontraban, entre otros bienes, la rotativa con instalación de cierre, el sistema informático de redacción y administración, los equipos de fotocomposición, el sistema de procesamiento, cientos de toneladas de papel prensa almacenadas en bobinas, mobiliario, archivo, fonoteca, equipos de estudio y emisión radiofónica, y la documentación de un grupo comunicativo solvente en plena actividad económica.

Las dificultades eran las intrínsecas a un sector y a un medio que, además, venía soportando las presiones y el boicot económico institucional, lo que le había llevado a negociar el pago aplazado de deudas contraídas con la Seguridad Social. Así lo confirmó durante la vista oral en la Audiencia Nacional, en 2007, el propio director de la Tesorería General de Gipuzkoa, Juan Ignacio Trecet, quien se mostró convencido de que, si no se hubiera cerrado, la deuda de Orain S.A. habría sido liquidada.

En el momento del cierre, la deuda ascendía aproximadamente a 500 millones de pesetas (3 millones de euros), según un informe judicial de 2003. El devenir de estos años ha elevado la cifra a más de 7 millones (3 de Seguridad Social, 2 del Fogasa y 2,5 por recargos y acumulación de deuda corriente, fruto del abandono).

Orain S.A., editora del diario, había acometido a finales de los años ochenta un ambicioso proceso de reconversión tecnológica con una inversión global de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros), cuyo buque insignia fue la adquisición en 1991 de una nueva y moderna rotativa (un modelo de la firma americana DEV, con horno de secado de color, que podía imprimir 96 páginas y que costó unos 600 millones de pesetas -3,6 millones de euros-), la aplicación de una innovadora maquinaria de cierre y empaquetado, y un nuevo sistema informático y de procesamiento.

Fue precisamente la rotativa la primera víctima material de la operación. Con la finalidad de impedir que fuera puesta en marcha de nuevo -pese a quedar el edificio bajo precinto y vigilancia policial-, los agentes a las órdenes del juez Garzón no se contentaron con quitar los fusibles de alta para inutilizarla, sino que además destrozaron y se llevaron piezas clave aquella madrugada del 15 de julio de 1998.

Comenzaba así la agonía de un proyecto empresarial y un patrimonio conquistado con el esfuerzo de miles de ciudadanos. En el momento del cierre, la empresa editora, Orain, era solvente. Unos meses después, el balance consolidado del grupo presentaba un saldo negativo de 500 millones de pesetas (3 millones de euros), lo que auspiciaba la quiebra. Hoy, tras catorce años de custodia judicial, las instalaciones y los bienes con que se debía hacer frente a las deudas acumuladas en este periodo presentan un estado evidente de ruina.

Así lo acaban de confirmar el apoderado de Orain S.A., Tomás Arrizabalaga, y los abogados de la empresa Álvaro Reizabal e Iñigo Iruin en su reciente inspección del pabellón junto a un notario para levantar acta del estado actual e incorporarla a la solicitud ya presentada ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional para que el administrador judicial rinda cuentas de su actividad durante estos catorce años de gestión y explique el destino de los fondos que obraban en su poder para la conservación del patrimonio.

Una gestión similar se había realizado en julio de 2003, al decretarse la suspensión de las medidas cautelares tras cinco años y permitir el levantamiento del precinto judicial. En aquella ocasión fueron varios los responsables del periódico, incluido su director, quienes constataron en persona con indignación el estado «desolador» de las instalaciones. La delegación acudió con un notario para dar fe de las condiciones y sumarlo al procedimiento judicial.

Casualmente, el acta notarial se «extravió» en la Audiencia Nacional y nunca llegó a la vista oral. No obstante, la información sí había alcanzado al administrador judicial, quien, a preguntas de los abogados, tuvo que admitir en el juicio que sí tenía constancia del estado deplorable que habían alcanzado los locales de «Egin» y Egin Irratia, pese a contar con los fondos de las cuentas corrientes intervenidas por el juez con los que podía haber paliado la situación. El administrador judicial reconoció que no había adoptado ninguna medida para evitar el deterioro de los bienes a su cargo. Según argumentó, las medidas cautelares impuestas por Garzón se lo impedían. Y fue elocuente: «Mi función era defender los intereses del Estado».

Era el año 2007. La sentencia judicial declaraba a finales de ese año la «ilicitud de las actividades» de Orain S.A., Ardatza S.A., Hernani Inprimategia S.L., Publicidad Lema 200 S.L. y Erigane S.L., e imponía penas de 4 a 24 años de cárcel para once de los procesados, que sumaban 150 años de prisión.

Anulación de la «ilicitud»

Apenas año y medio más tarde, el 22 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admite los recursos de casación presentados por las defensas y reduce las penas de prisión a casi la mitad. Para los magistrados del Supremo, al no haberse declarado las empresas como «asociaciones ilícitas», en ningún caso puede ordenarse su disolución y, por tanto, deja sin efecto la declaración de ilicitud de las actividades y la disolución de Orain S.A. y del resto de empresas del grupo. La sentencia invalida, además, el comiso y la liquidación del patrimonio, por lo que vuelve a ser propiedad de las empresas mercantiles originales.

Sin embargo, Xabier Otero Chasco, antiguo administrador único de Erigane S.L, propietaria de la nave industrial de Hernani, confirma a este periódico que, a día hoy, todavía no ha recibido una notificación oficial al respecto. «Ni los abogados ni yo hemos sido informados de ningún paso en ese sentido», explica. Para Otero, el administrador judicial tampoco es ajeno al estado actual que presentan las instalaciones del grupo.

Cabe recordar, en ese contexto, que Erigane S.L. era la sociedad propietaria del local que acogía las oficinas de «Egin» en Iruñea y que, tras el cierre, fue adjudicado a la Caja de Ahorros de Navarra a bajo valor porque el administrador judicial dejó de pagar las modestas mensualidades de la hipoteca pese a disponer de sobrados fondos para ello.

La sentencia del Supremo llegaba tarde para las víctimas del proceso judicial. En opinión de letrados consultados por este diario, la clausura de los medios solo fue posible por la calificación jurídica ad hoc realizada por Garzón «para poder conseguir un objetivo que no era procesal, sino estrictamente político».

Además del elevadísimo coste personal para los procesados y su entorno familiar y social, el patrimonio material había sido sentenciado de muerte por la propia instrucción. Para entonces, toda la maquinaria era ya irrecuperable por falta de mantenimiento y cuidados, y las instalaciones proseguían sufriendo un deterioro paulatino hacia la ruina física por la misma desidia y abandono en su conservación. ¿Eran esos los «intereses del Estado» alegados por el administrador?