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El testigo con el que se destapó el caso dice que pagó 60.000 euros a José María Bravo

J.A.A. fue el testigo con el que se destapó oficialmente el caso del presunto fraude desde la agencia de Irun. Su denuncia llegó cuando, tras pagar 60.000 euros a Bravo, Hacienda le reclamó la deuda.

GARA | DONOSTIA

«Qué fundamento de Hacienda es ésta» se lamentó ayer el testigo, cuya reclamación permitió descubrir el fraude de la oficina tributaria de Irun, cuando el fisco le reclamó en 2006 el pago de una deuda que él consideraba saldada tiempo atrás.

Este empresario declaró ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa contra el fraude de la oficina de Hacienda de Irun. Durante su comparecencia, el testigo indicó que cuando en 2003 le reclamaron el pago de una deuda de 104.000 euros, contrató a un asesor -Marco Antonio Rodrigo- para recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo de la institución foral con la intención de acudir posteriormente a la justicia ordinaria porque su asesor le dijo que iban a «ganar».

Según señaló, su intención era «ser legal» y consideraba que, si el tribunal le condenaba finalmente a pagar, lo haría cuando saliera la sentencia. Sin embargo, cuando vio las dificultades que iba a tener el proceso judicial, prefirió pagar la deuda para olvidarse «del tema», aunque la considerara injusta.

Su asesor, que acudió a hablar con José María Bravo, le dijo que tenía que abonar 60.000 euros y que con eso quedaría saldada la deuda, por lo que formalizó el pago en dos abonos en metálico, uno de los cuales realizó él mismo a Bravo en la oficina tributaria de Irun.

El testigo, al que luego le fueron levantados los embargos que tenía sobre dos inmuebles, dijo desconocer que tras los pagos se dató por insolvencia su deuda en Hacienda. Explicó que, por eso, le extrañó que en 2006 Diputación le citara de nuevo para reclamarle una deuda y advertirle de que figuraba como insolvente en sus expedientes, ante lo que respondió que él había pagado «religiosamente» todo lo que se le había requerido.

Ante esta situación llamó por teléfono al entonces diputado de Hacienda, Juan José Mujika, al que conocía por ser del mismo pueblo, y le expresó su enfado porque se le requería el pago de unas «cantidades injustas», en una «inspección injusta» y se sentía «engañado».

Por su parte, María Teresa Moneo Arzac, viuda del exconsejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Gasteiz y diputado foral de Gipuzkoa entre 1995 y 2003, Luis María Bandrés (del PNV), recordó que la empresa de la que era administradora tenía una deuda de unos 600.000 euros con Hacienda, de la que Bravo le propuso pagar 108.000 en tres plazos, cantidad que le entregó en metálico en la Hacienda de Irun.

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