Celaá y Bengoa dicen que recurrirán al Constitucional pero no fijan fecha
Isabel Celaá y Rafael Bengoa ratificaron ayer en Bilbo que recurrirán al Tribunal Constitucional «todas las medidas de recorte que invalidan nuestro autogobierno», pero no pusieron fecha. A su juicio, todavía se tienen que celebrar reuniones bilaterales. Sí confirmaron que las tasas universitarias no sobrepasarán el IPC anual, ni las aulas alcanzarán los alumnos que el Gobierno español ha decidido. En Sanidad, dijo que el servicio es universal desde 1988 y «será así».
Juanjo BASTERRA | BILBO
La rueda de prensa de la consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno de Gasteiz, Isabel Celaá, y del consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, comenzó con bastante retraso. La sala de reuniones donde estaba prevista en la sede de Gran Vía en Bilbo, estuvo ocupada por una jornada de Emakunde. En un momento, Celaá, acompañada de sus colaboradores, les conminó a que salieran «por orden del Gobierno», dijo.
Al de poco, Isabel Celaá y Rafael Bengoa comenzaron la rueda de prensa para informar de los recursos que van a interponer ante el Tribunal Constitucional por la «intromisión y recortes» que el Gobierno español quiere aplicar a la Educación y a la Sanidad, que supone «una merma del estado de bienestar, que defendemos». Ninguno fijó una fecha clara de esa presentación, porque manifestaron que «tenemos plazo» y reconocieron que «se deben celebrar reuniones bilaterales» para intentar solventar esta situación de «injerencia sobre nuestro autogobierno».
En caso de no resolverse estos conflictos, presentarán recursos de inconstitucionalidad contra algunas de las medidas de ajuste en materias de educación y sanidad aprobadas por el Gobierno español. Entre ellas, el aumento del horario lectivo del profesorado y los recortes en las sustituciones de los docentes y el aumento de las tasas universitarias, según Isabel Celaá, que envió un mensaje a la sociedad vasca para que «no se preocupe», porque los recortes de Mariano Rajoy en Sanidad y Educación «no van a tener ningún efecto aquí». En materia de Sanidad, los recursos serían porque la utilización abusiva de los decretos «no son urgentes» y, sobre todo, por el cambio de la sanidad de ser universal, a pasar a ser de módulos, que contraviene las normas aprobadas aquí», precisó Bengoa.
«Poder totalitario»
Isabel Celaá se mostró contrariada con la imposición del Gobierno español y dijo que el equipo de Mariano Rajoy «está convirtiendo su mayoría absoluta legítima en un ejercicio del poder totalitario, prepotente e ilegitimo». Explicó que las medidas que «invadan el autogobierno vasco» serán recurridas y en todas aquellas que no se puedan recurrir «se adoptarán las medidas para no aplicarlas o paliar sus efectos dañinos».
A juicio de la consejera de Educación, Universidades e Investigación, la fórmula de los decretos ley no respetan los procedimientos constitucionales, ni el reparto competencial y desconocen que, siendo la Educación y la Sanidad competencias de las comunidades autónomas, la relación entre Gobierno central y comunidades autónomas ha de fundamentarse sobre el respeto, estableciendo los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico de participación y consulta, coordinación y cooperación, evitándose en todo caso la invasión competencial». Todos estos pasos no se han producido, a juicio de Isabel Celaá. «Hay un desconocimiento sobre la organización jurídica del Estado, sobre su funcionamiento, improvisación, falta de respeto e, incluso, la propia información se ha llegado a cuestionar», dijo. Según denunció, la actuación del Gobierno español se caracteriza por «la grosería y la descortesía», porque en los decretos no se tiene en cuenta «la singularidad fiscal y financiera» de la CAV.
En este caso, Celaá dijo que los problemas se deben solucionar en la Comisión Mixta del Concierto y del Cupo. También criticó el recurso a la normativa básica, porque en su opinión «debe servir siempre para garantizar derechos y servicios mínimos iguales, y no para prohibir a las comunidades autónomas mejorar los servicios públicos».
«Uniformizar sistemas»
Con los decretos de sanidad y educación del Gobierno español, «se trata de uniformizar todos los sistemas de las distintas comunidades autónomas que dan servicio al ciudadano, convirtiendo en normativa básica aquello que nunca lo fue, como es la propia capacidad de organización de las comunidades autónomas que, de ser vaciadas, como en el caso que nos ocupa, la competencia quedaría completamente carente de sentido. Se pretende rasear a la baja la prestación de servicios públicos, recortando, así, el estado de bienestar por la puerta de atrás».
A juicio de Celaá, los decretos «mutilan el estado autonómico, no responden a las necesidades de ahorro como pretenden ni a casos de extrema y urgente necesidad, sino que tratan a las comunidades autónomas como menores de edad y agravan los problemas al Estado, al añadir al problema económico el problema político y al aumentar la inseguridad económica de los ciudadanos al acceso a los servicios públicos».
Aulas y niños
Celaá remarcó que en las escuelas públicas y concertadas «seguiremos con la misma proporción de alumnos por aula que veníamos teniendo». Aseguró a los preuniversitarios que «ninguno va a quedarse fuera de la universidad por no tener suficientes recursos económicos» y avanzó que «las tasas universitarias experimentarán el incremento del IPC». A los profesores, les dijo que «el empleo público va a continuar siendo defendido por el Gobierno vasco», aunque en este tema hay bastantes discrepancias con las centrales sindicales.
En cuanto a la enseñanza universitaria, se recurrirá «la obligación de modificar la estructura universitaria. No aceptamos crear un grupo de 50 alumnos». Y añadió que la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera «se sobrepasa en el Real Decreto» porque tiene que ser objeto de estudio en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto y Cupo, lo mismo que ocurre con la liquidación presupuestaria de las universidades, por lo que «se debería interponer recurso ante el Tribunal Constitucional».
Rafael Bengoa criticó «la batería de recortes sin plan alguno». A su juicio, no existe «una necesidad urgente para realizar un reforma estructural por lo que es recurrible la forma de utilización del Real Decreto». Lamentó que el Gobierno del PP pretende cambiar «el modelo de cobertura universal, que no ha sido derogado, por uno de Seguridad Social por tramos económicos». Recordó que el decreto del Gobierno Ardanza de 1988 está vigente, en el que se universaliza la sanidad».
Bengoa manifestó que en relación a las medidas que tengan «un impacto sanitario entre los ciudadanos», como el copago o la atención a inmigrantes, el Gobierno de Gasteiz mantendrá «un sistema compensatorio para paliar las restricciones que se intentan imponer».
El consejero de Sanidad dijo que antes de los recortes a los pacientes se debe buscar la eficiencia, «como hace la UE y nosotros, que nos piden consejo».
La presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, dejó entrever ayer que UPN acatará las reformas impuestas por el Ejecutivo de Rajoy, a pesar de que el PSN, su socio en el Gobierno, ha mostrado su rechazo a las mismas. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Barcina aseguró que tanto el aumento de la jornada laboral para los funcionarios como la amnistía fiscal están sobre la mesa.
La presidenta se escudó en la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit y en la menor recaudación que se espera para este ejercicio para defender los ajustes impulsados por el Gobierno español. Sobre el aumento de la jornada laboral de los funcionarios señaló que se trata de «un esfuerzo adicional» para este colectivo y que se aplicaría para no tener que recurrir a otro tipo de medidas. En cuanto a la amnistía fiscal, se limitó a decir que no le gusta pero que es una manera de acceder a dinero que está colocado en paraísos fiscales y al que Nafarroa no podría acceder con sus propios instrumentos.
Los consejeros Marta Vera y José Iribas comparecerán esta semana en el parlamento navarro para informar de las reformas planteadas en Sanidad y Educación. Las reformas en Salud, propuestas por el departamento de Vera, diseñan un nuevo modelo asistencial mientras que Iribas deberá aclarar su actitud hacia las reformas planteadas por Rajoy en Educación y que afectan al número de alumnos por aula. Barcina señaló que la Educación y la Sanidad deben seguir siendo «pilares del bienestar», por lo que defendió la reforma en la salud. Para Barcina hay que valorar «hasta dónde» llega la atención sanitaria para los inmigrantes irregulares para evitar un posible «efecto llamada».
Juan José Lizarbe (PSN) evidenció el desacuerdo existente entre los socios de Gobierno al asegurar que lo importante no es «cómo se va a ajustar el presupuesto, sino qué se puede hacer para dinamizar la economía».
NaBai y Bildu opinaron que probablemente, el PSN cederá ante las exigencias de UPN y del Gobierno español y alertaron de que no harán más que perjudicar a la sociedad. El portavoz de la izquierda abertzale, Txelui Moreno, advirtió a Roberto Jiménez (PSN) que su partido tendrá que romper el pacto de gobierno con UPN porque si no «va a la debacle». Santos Cerdán (PSN) por su parte, acusó a la izquierda abertzale de llevar durante 30 años «una estrategia de cuanto peor para Navarra, mejor para su proyecto político excluyente y nacionalista». GARA
Celaá remarcó que en las escuelas públicas y concertadas seguirán con la misma proporción de alumnos por aula. Recordó que el próximo curso continuará de la misma manera, porque ya se está cerrando su planificación.
A los preuniversitarios, Isabel Celaá les aseguró que «ninguno se quedará fuera por no tener suficientes recursos económicos» y anunció que las tasas universitarias experimentarán un aumento del IPC, «como se ha hecho hasta la fecha».
El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, aseguró que en esta materia «tenemos un modelo de cobertura universal, que no ha sido derogado y que defenderemos siempre».
