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Un subdirector de Hacienda restó importancia a las anomalías detectadas en 2003

El subdirector de Hacienda Andrés Gómez declaró ayer que «nadie pensó» que detrás de las «anomalías graves» detectadas en la auditoría al fisco de 2003 hubiera «nada más que errores y mala praxis».

GARA | DONOSTIA

Andrés Gómez testificó ayer en la vista que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa en el caso del supuesto fraude desde la agencia tributaria de Irun, y reconoció que en la auditoría realizada a la Hacienda en 2003, que la Diputación después trasladó a la Fiscalía, se detectaron «anomalías graves, pero nadie pensó que detrás de las anomalías había más que una mala praxis o errores».

El subdirector de Recaudación declaró que el reglamento «es taxativo» respecto al pago con cheques de deudas a partir de 2000, de manera que debe hacerse con «talones nominativos a nombre de Diputación o Hacienda y conformado», indicó. Además, puntualizó que si un cobro no se aplica a una deuda tributaria, ésta seguiría pendiente y el proceso adelante.

Gómez explicó que en 2006 el entonces diputado foral de Hacienda de Gipuzkoa, Juan José Mujika, le llamó para decirle que un contribuyente de Zumaia le había comunicado que pagó una cantidad muy importante en metálico con la que quedaban saldadas sus deudas tributarias, una actuación «anómala y nada correcta», puesto que «no existe ninguna posibilidad» de condonarlas.

Según indicó, consultó la información relativa a ese contribuyente y detectó que su deuda estaba sin pagar y figuraba «como insolvente». Añadió que se pidió al contribuyente en cuestión justificante de los pagos realizados y él aportó unos de embargo en metálico. «Yo no los había visto nunca», señaló Gómez, para añadir que aquello le «sonaba muy raro», porque estaban «en desuso desde hace muchos años». El subdirector de Hacienda indicó que a partir de ahí se informó al diputado de Hacienda y se mantuvo una reunión con la Ertzaintza para analizar cómo «estudiar la comisión de estos presuntos delitos desde el ámbito penal».

Por su parte, el exresponsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de Hacienda, Juan Pardo San Gil, que estuvo imputado en la fase de instrucción del caso, afirmó que se quedó «con los ojos a cuadros» al enterarse de que su subordinado, José María Bravo, había recibido cobros en metálico. Añadió que tuvo conocimiento de estas irregularidades en una reunión con el diputado de Hacienda, Juan José Mujika.

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