Reestructuración del sector financiero
«Kutxabank debe ser público y con representación social proporcional»
La izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar exigieron ayer que Kutxabank sea público y garantice una representación social y política proporcional. Esta demanda obedece a dos situaciones que se han producido en estos últimos días: la oferta de Kutxabank por Catalunya Banc, «que pondría en peligro al banco público vasco», y el acuerdo del PNV y PP para modificar la Ley de Cajas, para reducir la representación de los ayuntamientos vascos.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Marije Fullaondo, de la Izquierda Abertzale, Oskar Matute, de Alternatiba, junto con Ibon Cabo, de Eusko Alkartasuna, y Josu Murgia, de Aralar, reclamaron ayer en Bilbo que Kutxabank «debe mantener su carácter público» y recordaron que sus órganos de decisión deben garantizar «una representación política y social proporcional y democrática» para «la defensa de un sistema financiero público para Euskal Herria».
Censuraron el acuerdo entre PNV y PP que «les garantiza su control», pero que «no respeta la voluntad democrática de la sociedad vasca» y solo busca recortar la representación de los ayuntamientos del 30% al 17%, «para arrinconarnos a quienes planteamos alternativas viables al modelo privado que aspiran ellos». Fullaondo y Matute, sin embargo, pidieron que los activos de 75.729 millones de Kutxabank «se utilicen en beneficio de la economía de la mayoría de la sociedad vasca, que es de donde provienen, y no en la especulación para mayor beneficio del capital».
La izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar reclaman a Kutxabank que no siga los pasos de Bankia, por lo que piden a Mario Fernández, presidente de Kutxabank, que retire su oferta por Catalunya Banc, porque «pondrá en riesgo el futuro de Kutxabank, el de su obra social y, que, sobre todo, se alejará aún más de los objetivos que debe perseguir en la defensa de un sistema financiero público para Euskal Herria». Ese camino, alejado de una expansión «alocada», permitiría, según explicó Marije Fullaondo, «ayudarnos a salir de la crisis, la creación de empleo de calidad y ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a toda la ciudadanía».
Oskar Matute, de Alternatiba, dijo que «nos reafirmamos en nuestra determinación para poner en pie una alternativa que, entre otras cosas, cambie de raíz el sistema económico, el mercado y el sistema financiero».
Bajo esa idea general, pidió un banco público vasco que esté al servicio de los ciudadanos, «no al revés» y donde «exista control público y se exijan responsabilidades. Es un modelo por el que ni PSOE, ni PP, ni PNV apuestan, como fácilmente se puede comprobar en el proyecto de Ley de Cajas en el Parlamento vasco», porque el borrador inicial del PSE y el acuerdo del PNV y PP «recorta la participación de los ayuntamientos del 30% al 17%».
LAB explicó ayer en un comunicado que «es una irresponsabilidad que Kutxabank siga pujando por hacerse con Catalunya Banc» porque, si la situación económica se agrava, «podría verse arrastrado a la intervención del Estado y a su privatización, como ha ocurrido con Bankia».
A juicio de la central sindical, la operación de compra podría colocar a Kutxabank en una situación peligrosa, «si tenemos en cuenta que tendrá que destinar 855 millones para provisionar el ladrillo sano, y que Catalunya Banc cifra en unos 995 millones netos el importe de las provisiones genéricas adicionales para cumplir con la nueva reforma».
LAB recuerda asimismo que los beneficios de Kutxabank hasta marzo han sido un 43,4% inferiores a los de hace un año y que el banco vasco, principal accionista de Euskaltel, «ha tenido que consignar una provisión de 90 millones» para hacer frente al pago de la multa de 222 millones del affaire con Orange. Todo esto lleva a LAB a pedir que «no emprenda aventuras peligrosas» y consolide la entidad». J. B.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, admitió ayer que fue el Banco Central Europeo (BCE) el que «mostró su interés» en colaborar en la valoración independiente de los balances de la banca española y que por ello el Gobierno le ha ofrecido participar en el proceso junto a los dos auditores independientes anunciados el pasado viernes como parte de la reforma financiera.
El ministro eludió pronunciarse sobre si la participación del BCE supone una desautorización del Banco de España y de su gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez.
Al término de la reunión de ministros de Economía de la UE, De Guindos dijo que, aunque completar la auditoría llevará un tiempo, «intentaremos que se haga en algo menos de dos meses». Recordó que la cartera de préstamos de la banca española es muy grande, ya que «está próxima al 300% del PIB».
Respecto a la posibilidad de que la delicada situación económica de Grecia provoque un «corralito» en el Estado español, tal y como afirmó el premio Nobel de Economía y articulista de The New York Times, Paul Krugman, De Guindos señaló que es un «sinsentido». GARA
