«La austeridad no es un castigo, sino un valor». Con esta máxima como introducción, el president de la Generalitat, Artur Mas, anunció ayer un nuevo «plan de ajuste», nombre bajo el que se esconde un gran paquete de recortes con el que prevé ahorrar 1.500 millones de euros y alejar los rumores sobre una posible intervención del Estado en las cuentas del Principat.

En una larga y solemne rueda de prensa, el president enumeró las medidas tomadas por su Govern en los dos anteriores planes de ajuste y explicó que este último «nos viene impuesto por obligación». Echando balones fuera, Mas repartió la responsabilidad a tres bandas: el déficit heredado por el anterior Tripartit, el expolio fiscal al que el Estado somete al Principat y la inflexibilidad de Europa.

Lejos de buscar nuevas formas de ingresos, el grueso de las medidas del Govern se basa en una reducción de gasto, algo que se traduce, por ejemplo, en un nuevo recorte del 2% en los complementos salariales a los funcionarios. También habrá menos dinero para subvenciones, infraestructuras y empresas públicas, abriendo la puerta a la destrucción de empleo público.

Los pocos ingresos contemplados por el plan vendrán en forma de privatización de parte del patrimonio público, con la venta de Aigües Ter-Llobregat y la concesión de autopistas públicas a empresas privadas, entre otros. La primera venta supondrá que un bien básico como el agua pase a manos privadas, y la segunda le puede salir bastante cara entre su propia base, que ve con buenos ojos la campaña No Vull Pagar (no quiero pagar), que durante las últimas semanas anima a no pagar en los peajes por su alto precio y el agravio comparativo con el resto del Estado.