Carlos A. Lozano Guillén Director del periódico VOZ y portavoz de Marcha Patriótica
Colombia: Marcha Patriótica, realidad política y social
Marcha Patriótica no es un nuevo partido, sino un movimiento para la convergencia democrática; factor de unidad de unidades, para fortalecer una opción de poder popular, democrático y revolucionarioEn medio de expectativas a nivel nacional e internacional, los días 21, 22 y 23 de abril del presente año, en Bogotá D.C., República de Colombia, fue presentado el nuevo movimiento político y social, Marcha Patriótica, que agrupa a cerca de 1.800 organizaciones sociales y populares del orden regional y nacional, así como a partidos y organizaciones políticas de la izquierda colombiana, como el Partido Comunista e Izquierda Liberal, entre otros. Destacados congresistas y dirigentes del Polo Democrático Alternativo se adhirieron al nuevo movimiento, que convoca a las fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas a un gran frente por la transformación del país.
Marcha Patriótica no es un nuevo partido, sino un movimiento para la convergencia democrática; factor de unidad de unidades, movimiento de movimientos, para fortalecer una opción de poder popular, democrático y revolucionario. Y se puede decir que arrancó con fuerza. La histórica Plaza de Bolívar en el centro de la capital colombiana, fue colmada por los participantes. Ni la intensa lluvia impidió que cerca de cien mil personas desfilaran, desde distintos puntos de Bogotá, hasta llegar a la plaza, que está rodeada por emblemáticos y antiguos edificios: el Museo del 20 de Julio, la Catedral Primada, la Alcaldía Mayor, el Capitolio Nacional y el Palacio de Justicia, este último reconstruido, porque fue reducido a escombros en 1985, con la mayoría de los magistrados de las Cortes adentro, cuando fue ocupado por un comando guerrillero del M-19. Magistrados, guerrilleros y funcionarios fueron incinerados y abaleados, sin escuchar la voz de cese al fuego del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.
El nuevo movimiento social y político coloca como el eje fundamental de su accionar la búsqueda de una solución política y democrática del histórico conflicto colombiano. Más de medio siglo de la guerra interna, originada en causas políticas, sociales, económicas e históricas, convalida la alternativa del diálogo entre Gobierno e insurgentes, pues está demostrado que no es posible la solución militar. Al contrario, Marcha Patriótica afirma que persistir en la guerra, como lo ha hecho históricamente el establecimiento colombiano con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, desangra más el país, degrada el conflicto y lo prolonga de manera indefinida con la enorme tragedia que significa en particular para la población civil.
Está claro, por supuesto, que la solución está en estrecha relación con los cambios políticos y sociales, se trata de la paz con democracia y justicia social. No se concibe la paz de los sepulcros, la pax romana, con que sueña la clase dominante tradicional de una desmovilización guerrillera pero sin cambios en la vida nacional. La precariedad de la democracia y la negativa oligárquica a reformas sociales, son las principales talanqueras para la paz en Colombia.
Estas aspiraciones son parte de la plataforma de Marcha Patriótica, atada a la convocatoria a la unidad democrática y de izquierda, dirigida a todas las organizaciones sociales y políticas del país, en particular a la Central Unitaria de Trabajadores, el Polo Democrático Alternativo, el Congreso de los Pueblos y la Minga indígena. Marcha, es pues, un proyecto democrático con firme opción de poder. Se proyecta con pasos grandes y eso comienza a poner nerviosa a la rancia oligarquía colombiana, que no ha vacilado históricamente en apoyarse en la violencia contra el pueblo.
En los años ochenta del siglo pasado, cuando los frustrados diálogos de paz del gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC, surgió el movimiento de la Unión Patriótica como una opción alternativa de poder al sistema dominante en la perspectiva que la fuerza insurgente tuviera un espacio político al cual pudiera ingresar después de un proceso de paz exitoso. Casi al tiempo, la alianza de paramilitares, narcotraficantes, organismos de inteligencia militar, políticos tradi- cionales a nivel nacional y regional, iniciaron la guerra sucia contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, que dejaron un saldo de 5.000 de ellos asesinados en la más completa impunidad, sin ninguna acción del Estado para proteger al nuevo movimiento y ni siquiera para castigar a los responsables del genocidio, una de las páginas más aberrantes de la seudodemocracia colombiana.
Este peligro se cierne contra Marcha Patriótica, que aparece no en el marco de un proceso de paz, sino para buscar este objetivo, anhelado por la enorme mayoría de los colombianos. El Gobierno Nacional y la cúpula militar acusan de forma irresponsable a este movimiento de estar infiltrado por las FARC. Es más, aseguran que la guerrilla lo financia y lo orienta. Señalamiento peligroso en un país en donde campea la intolerancia y la maldad de la ultraderecha y donde el paramilitarismo amenaza a las fuerzas políticas y sociales avanzadas. Es el viejo expediente macartista para descalificar a todo proyecto que surja al margen de la férula de la política tradicional y del sistema dominante, en la actualidad dependiente de la política neoliberal favorable a las transnacionales y al gran capital y del imperialismo de Estados Unidos que interviene abierta y descaradamente en Colombia para imponer la guerra interna y el Tratado de Libre Comercio a favor de sus intereses.
Marcha Patriótica continúa abriéndose paso, organizando sus estructuras nacionales y regionales, aprobando tareas e iniciativas para enfrentar el Tratado de Libre Comercio (TLC), organizando el paro nacional de protesta contra las medidas antipopulares y plutocráticas del Gobierno y en defensa de los derechos humanos y el legítimo uso de la protesta social y popular.
Son nuevos vientos en Colombia y ello contribuye a fortalecer la lucha por la paz con democracia y justicia social.