El sindicato ELA calificó ayer de «inaceptable» que el Gobierno de Nafarroa se haya comprometido con el plan de reequilibrio presupuestario a cumplir con los objetivos de déficit fijados por el Estado español, ya que ello supone una «renuncia» a las competencias forales.

Para ELA, según afirmó en un comunicado, admitir los límites de déficit también «supone comprometerse a hacer más recortes», por lo que califica de «lamentable» que la presidenta Yolanda Barcina y el vicepresidente Roberto Jiménez «den prioridad al déficit en lugar de a las políticas sociales». El acuerdo con el Estado firmado en la tarde del jueves es, dice, «una dejación absoluta del autogobierno y de las competencias propias de Navarra» pues se deja que sea el Ejecutivo español el que «marque la política presupuestaria» del Gobierno foral.

En este sentido, la central sindical añade que «se ha vuelto a perder otra oportunidad para dar un cambio radical» a las «políticas neoliberales que empobrecen a la sociedad». Para frenar la aplicación de estos recortes ELA apunta que «la única vía es la movilización», y por eso hace un llamamiento a la manifestación del próximo 26 de mayo en Iruñea.

Valoración positiva de Barcina

Por su parte, la presidenta Yolanda Barcina valoró que el Estado haya aprobado el plan de reequilibrio presupuestario 2012/14 elaborado por Nafarroa, aunque advirtió que «todavía no están ajustados los ingresos con los gastos».

Al respecto, comentó que el ajuste para este año asciende a 73 millones de euros, de los que 54 ya han sido recortados con el acuerdo entre UPN y PSN de la semana pasada, mientras que el resto se cubre con deuda después de que el Gobierno español elevara el déficit para este ejercicio del 1,3 al 1,5%.

Según Barcina, cumplir con este objetivo de déficit no solo es una «obligación» sino también una «necesidad» y añadió que el hecho de «iniciar sus ajustes el año pasado ha conllevado que ahora el déficit necesario sea inferior al de la mayoría de las comunidades».

«Son medidas obligadas y necesarias y todas las comunidades se han comprometido con independencia del discurso y voto que mantengan en el Congreso», añadió Barcina.