Ofensiva securócrata en el estado español (y 2)
Cambiar la ley para no «forzarla» ante la calle
Interior es el único ministerio español al que apenas afectan los recortes. En un clima de creciente descontento social, llenar la calle de policías es solo el primer paso. El segundo, dotarse de un marco legislativo que imponga penas más duras a los manifestantes. El objetivo: situar como cuestión de orden público las protestas por la degradación de las condiciones de vida. El Código Penal, que se renueva en junio, será otra vuelta de tuerca.
Alberto PRADILLA
Hemos tenido que forzar el ordenamiento jurídico para que unas personas ingresen en prisión». Lo reconoció abiertamente el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, en referencia a los tres ciudadanos catalanes encarcelados tras la huelga general del 29 de marzo. Y lo hizo sin tapujos, en una comisión celebrada en el Congreso de los Diputados el 25 de abril. Frente a él, más de 20 parlamentarios. Ninguno censuró sus palabras, lo que genera la sensación de que a ningún representante político presente en la sala le sonó extraño que el jefe de Policía y Guardia Civil asumiese públicamente que ante la falta de herramientas legales para encerrar a los manifestantes, el Estado estaba dispuesto a saltarse su propia norma. Esto no es nuevo en Euskal Herria. Pero sí que ha generado alarma en amplios sectores del Estado español. La reforma del Código Penal, que está prevista para el mes de junio, constituirá el punto de inflexión de una ofensiva securócrata que busca ubicar en el ámbito del órden público las crecientes protestas ante los recortes y la degradación de las condiciones de vida. En definitiva, de lo que se trata es de adecuar al otro lado del Ebro la legislación de excepción que ya se aplica contra la ciudadanía vasca. Por el momento, los ministerios de Interior y Justicia se coordinan en un borrador. Será Jorge Fernández Díaz quien marque las directrices que luego adecúe Alberto Ruiz Gallardón. Una apuesta por cambiar la ley para no tener que «forzarla».
La apología del malabarismo normativo lanzada por el titular de Interior pasó desapercibida para los diputados. Y eso que la justificó alegando que los encarcelados habían «quemado una cafetería», y a pesar de que se encontraban ya detenidos cuando ocurrieron los hechos. Quien sí prestó atención a estas palabras fueron los periodistas, que interrogaron al ministro a las puertas de la comisión. «El ordenamiento jurídico no da la respuesta adecuada», argumentó Fernández Díaz, que reconoció que encerrar a tres personas detenidas durante una huelga era «cuestionable» desde el punto de vista del Código Penal. «Se ha abierto el debate», advirtió, argumentando que «existe una alarma social y no podemos permanecer impasibles ante estas conductas». Y aquí está la clave. La apuesta es por llevar al terreno de la inseguridad, de la alarma por el desorden, la lógica de las protestas desatadas ante la catarata de recortes y desmantelamiento de los servicios básicos. Como definió Interior, «el orden no es de derechas ni de izquierdas, sino transversal».
Por el momento, el Gobierno español no define las consecuencias prácticas del cambio. Solo los titulares aportados por Fernández o Gallardón permiten vislumbrar hacia dónde se encamina. Se ha apuntado a la posibilidad de encarcelar a quienes convoquen «manifestaciones ilegales por Internet», a los que practiquen la desobediencia civil y, por supuesto, a los detenidos en incidentes. Para ello, está previsto que se construya un nuevo tipo penal denominado «integración en organización criminal», una nomenclatura que recuerda fielmente a las leyes de excepción que funcionan en Euskal Herria. Como explicó el jefe de Interior, se pretende ampliar determinados tipos, que ahora prevén penas de entre uno y tres años, en «uno o dos años más», para permitir aplicar la prisión preventiva.
«Miedo al sistema»
Durante los últimos meses, con la explosión de protestas como las del instituto Lluis Vives en Valencia, la huelga general, o incluso las manifestaciones de conmemoración del 15M, el Estado español ha sido el escenario de una carrera por ver quién lanzaba el órdago más amenazante bajo la excusa de la violencia. En este ámbito el PP no está solo. Cuenta con CiU como gran valedor desde que el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, se declarase dispuesto a ir «donde nos deje la ley, y más allá» para marcar las líneas rojas. El alcalde de Barcelona, Xabier Trías, también de CiU, fue quien anunció el endurecimiento. Fernández Díaz le dio la réplica prometiendo «la misma ley que con la kale borroka». Puig, nuevamente, dio un paso más al defender una nor- ma que provoque «más miedo al sistema».
Todos coinciden en la política del palo aplicado a la judicatura. Aunque todavía no han pasado a la letra pequeña. Gallardón, por ejemplo, matizó al titular de Interior asegurando que la desobediencia civil no sería punible. Aunque es este último quien tiene la sartén por el mango. «Los detalles de la reforma solo los conoce Interior, que son los que lo están elaborando», señalan a GARA fuentes del Ministerio de Justicia. «No hay más datos. Ellos realizan la propuesta y nosotros le buscamos el encaje en el ordenamiento», añaden estas fuentes, que confirman que está prevista una reunión de los respectivos secretarios de Estado, Fernando Román e Ignacio Ulloa, para ultimar los detalles. Antes del verano podría estar lista esta nueva escalada punitiva.
Durante las protestas que conmemoraron el 15M, decenas de personas fueron identificadas en Madrid. Nadie ha explicado cuál será el destino de sus datos. Sin embargo, ha sido evidente la estrategia de dividir y pedir los datos.
El PSOE ha presentado una solicitud de comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que explique las futuras modificaciones en el ámbito legislativo, especialmente las de carácter penal. Todavía no hay fecha.
Las modificaciones legislativas se basan en la ley de excepción que ya rige en Euskal Herria. En Nafarroa, además, un total de 38 personas han sido arrestadas ya tras los incidentes registrados en la huelga general de marzo.
Javi, Isma y Dani son los tres arrestados durante la huelga general en Barcelona que pasaron inmediatamente a prisión. El primero de ellos participaba en un piquete a las 9 de la mañana cuando fue arrestado. Los otros dos son estudiantes que también informaban sobre las convocatorias. Los Mossos d´Esquadra construyeron acusaciones que les vinculaban con algunos de los enfrentamientos, por lo que fueron encarcelados y pasaron 34 días entre rejas. Para recuperar la libertad el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les ha impuesto una restricción: no podrán participar en manifestaciones ni en reuniones públicas. Un recorte de los derechos civiles que ya se había aplicado en Euskal Herria contra miembros de la izquierda abertzale pero que no tenía extensión, hasta ahora, en el Estado español. No obstante, las medidas de excepción tampoco se limitan aquí. El período que los tres permanecieron en la cárcel tampoco es casual. El juez decretó su salida de prisión el 4 de mayo, precisamente cuando ya había concluido la cumbre del Banco Central en Barcelona y que provocó el blindaje complejo de la capital catalana. El argumento es simple: una vez pasado el tiempo de las marchas contra la institución económica, ya no existía peligro. Lo de menos es la acusación, que en el caso de Javi se reduce a «mover unos contenedores».
«Da la sensación de que quieren marcar una línea», denuncia este joven catalán de 30 años en declaraciones a GARA. El represaliado insiste en que «han subido un peldaño» en la escala del control social «buscando el marcaje directo» contra los activistas. En la misma línea se encuentra la web publicada por la Generalitat en la que se mostraban 68 rostros a identificar (entre ellos el de un menor que tuvo que ser retirado).
Los tres encarcelados el día de la huelga no son los únicos que han padecido medidas restrictivas en sus libertades públicas. Laura Gómez, secretaria de Organización de la CGT en Barcelona, recuperó la libertad el miércoles tras 23 días encarcelada. Su acusación: quemar un cartón frente al edificio de la Bolsa. A. P.
