Responsables policiales cierran el Congreso sobre Memoria
El ministro español de Interior fue el principal protagonista de la última jornada del Congreso sobre Memoria y Convivencia organizado por Lakua en Bilbo. Jorge Fernández Díaz perseveró en sus postulados habituales y defendió el mantenimiento de la dispersión al colectivo de presos políticos vascos. Rodolfo Ares, consejero de Interior, fue otro de los intervinientes.
GARA | BILBO
El Congreso sobre Memoria y Convivencia organizado por el Gobierno de Lakua tuvo ayer su punto y final con la intervención de dos responsables policiales, el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consejero autonómico Rodolfo Ares. Dos nombres que, por sus cargos, simbolizan el espíritu que ha marcado esta cita que durante toda la semana ha tenido lugar en Bilbo.
El discurso de Fernández Díaz no deparó ninguna novedad, ya que el representante del Gobierno de Mariano Rajoy volvió a hacer gala de su cerrazón, negando la posibilidad de cualquier movimiento en el corto plazo y defendiendo a ultranza la política de dispersión de los prisioneros vascos.
A preguntas de los periodistas, el titular de Interior aseveró que el alejamiento se mantendrá mientras siga existiendo ETA y que «el día que se disuelva» la organización armada será cuando esa política de castigo «se replanteará».
«La política penitenciaria del Gobierno de España pasa por el cumplimiento de la ley y la reinserción individual en el marco de esta. Han de saber los terroristas de ETA que eso es lo que hay. A pesar de lo que les dicen, tras la declaración del 20 de octubre no va a haber ninguna negociación política con ETA, el Gobierno no ha negociado ni negocia ni va a negociar jamás con ETA», manifestó.
Fernández Díaz consideró que el anuncio de ETA del final de su actividad armada representa «el triunfo del Estado de Derecho sobre la barbarie terrorista», y en este sentido incidió en que dicha organización no ha cesado por «convicción o porque se haya convertido a la democracia», sino porque ha sido derrotada.
«Los que pretenden ondear la bandera de la paz, aspiraban, hasta hace poco, a destruir las instituciones que ahora ansían ocupar. Si han puesto fin a su actividad criminal ha sido por el agotamiento a que les ha conducido el Estado de Derecho y la deslegitimación de la violencia alcanzada desde el conjunto de las instituciones», manifestó.
Dirigiéndose a la izquierda abertzale, le emplazó a exigir la «disolución incondicional» de ETA y defendió que hasta ese momento no puede pedir al Gobierno que le dé «la más mínima credibilidad a su supuesta voluntad de perseguir objetivos políticos en las instituciones».
Fernández Díaz ensalzó la sintonía con su nuevo homólogo francés, Manuel Valls, y con el consejero de Interior Rodolfo Ares, y sentenció que el Congreso ayer finalizado ayudará a cicatrizar las «heridas que ha dejado un proceso doloroso».
Ares introduce sus matices
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, subrayó que su Gobierno respaldará una política penitenciaria «que permita que, cumpliendo con sus penas, los presos que quieran reinsertarse, alejándose de la violencia y reconociendo el daño causado, lo puedan hacer».
En este sentido, instó a Fernández Díaz a esquivar las «presiones» y «seguir impulsando el plan sobre política penitenciaria» que ha anunciado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
«Es necesario insistir en que el futuro de cada uno de los presos etarras está únicamente en sus propias manos. Tienen que saber que, si tocan a la puerta de la reinserción, podemos ayudarles a abrirla, pero son ellos y solo ellos los que tienen que tomar la iniciativa y librarse de la tutela de ETA. Que nadie se engañe y que nadie engañe a los presos porque no va a haber indultos generales ni amnistía», remarcó.
En su alocución, Ares recordó a «todas y cada una de las víctimas asesinadas por ETA, el GAL, el Batallón Vasco Español u otros grupos terroristas» y manifestó que «todos tenemos que ser protagonistas de nuestro futuro colectivo, pero cada uno asumiendo los errores y, en su caso, las responsabilidades de su pasado».
Respecto al desarrollo de este Congreso, defendió que «las aportaciones han sido plurales y diversas», si bien reconoció que les habría gustado contar con más testimonios de otras víctimas y también de personas que formaron parte de ETA en el pasado, en alusión al veto a Carmen Gisasola por parte del Partido Popular.
El consejero Rodolfo Ares mostró su deseo de que el Parlamento de Gasteiz constituya antes de julio el denominado Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. PNV, PSE, Ezker Anitza y los parlamentarios expulsados de Aralar ya alcanzaron la pasada semana un acuerdo.
Jorge Fernández Díaz confirmó que su Gobierno estudia una reforma de la Ley Electoral para que «vascos que se han tenido que ir fuera del País Vasco, pero que están en España, puedan hacerlo también en próximos comicios», en referencia a los «exiliados» por la actividad armada de ETA. Para el ministro se trata de una propuesta «razonable» para la que habrán de buscar fórmulas que la hagan posible. El Ejecutivo tendría que dictaminar los criterios para elaborar un censo, que serviría para controlar quién vota y debería estar a disposición de las candidaturas que deseen enviarles su propaganda. GARA