El Parlamento español es algo así como las esculturas de Oteiza (que me perdone el de Orio por semejante disparate), pues es también una evocación del vacío. Pura envoltura de una democracia hueca. Es lo propio de una institución hija de una Transición en la que tahures de todo pelo retorcieron las ansias de libertad entonces existentes para introducirlas de nuevo en los moldes democráticamente remozados de aquella decrépita dictadura.

Hace tan solo unos días ha saltado de nuevo el serrín de la carcoma franquista que corroe eso que llaman instituciones democráticas. En esta ocasión se ha tratado del poder judicial. Mientras el Tribunal Supremo imponía entre seis y seis años y medio a Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Rafa Díez y Arkaitz Rodríguez por ser considerados miembros de ETA y actuar en su nombre para impulsar un proceso del que se ha derivado el abandono definitivo de su lucha armada (quien los entienda, que los compre), el presidente de ese excelentísimo tribunal, Carlos Dívar, era denunciado por gastar con cargo al erario público veinte lujosos viajes privados de fin de semana a Marbella. El denunciado presidente, católico fervoroso y de firmes convicciones morales, afirmó en su día que «ante las graves formas de injusticia social y económica, así como de corrupción política... se agudiza la necesidad de una renovación personal y social capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia». ¡Ahí es nada el Dívar!

Algo parecido sucede en el resto de instituciones del Estado y, cómo no, en su propio cogollo democrático, cual es el Parlamento. Se trata este de un lugar secuestrado por las burocracias partidarias y poderes fácticos varios.

Hace menos de un año, tras haber jurado y perjurado que no se reformaría la Constitución para introducir en ella el principio de estabilidad presupuestaria, el presidente Zapatero no tuvo el menor rubor en hacer todo lo contrario. Merkel-Sarkozy y el BCE le habían llamado para decirle que pintaban bastos y él respondió que faltaría más, que para eso estaba y que a mandar. Cuando anunció en el Congreso que la Constitución sería modificada, el grupo parlamentario del PSOE se enteró allí mismo del cambio de postura, pero todos dijeron amén, que donde paga capitán, obedece marinero.

El Gobierno del PP ha elevado a su más alto pedestal la mentira y el engaño. Tras hacer semana tras semana lo contrario a lo que dijeron nunca harían (subir impuestos, copago sanitario, ayudas a la Banca,...), su presidente Rajoy ha esculpido en bronce el primer mandamiento de su ideario ético: «Haré cualquier cosa aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo voy a hacer». Y así es que los diputados del PP -lo han oído estas orejitas mías en la cafetería del Congreso-, se enteran en el telediario del viernes al mediodía de las nuevas verdades que van a tener que defender a partir del sábado. Según parece, el calendario de trabajo en la Moncloa es el siguiente: los lunes y martes se recogen en el Gobierno las órdenes, propuestas y sugerencias de Angela Merkel y su BCE, la CEOE, la banca y demás; los miércoles y jueves se adoban legalmente y cocinan comunicativamente por los técnicos gabineteros correspondientes y, finalmente, el viernes, el Consejo de Ministros aprueba el nuevo paquete de medidas en el que se contienen todas esas cosas que no se iban nunca a hacer pero que finalmente se hacen por el bien supremo de España, su querida Banca y la sufrida clase empresarial.

Y si el Gobierno del PP hace esto con su propio grupo, ni te cuento yo cómo es el trato que da a los demás. Gobernar a golpe de Decreto Ley se ha convertido en norma, vaciando en buena medida al Parlamento de sus propias funciones y recortando notablemente la posibilidad de participación del resto de grupos políticos. A ello se suma la práctica diaria del rodillo parlamentario, sin que preocupe lo más mínimo al PP buscar un mayor abanico de apoyos para sus propuestas legislativas. Nunca en la historia del Congreso ha recibido un proyecto de Presupuestos más enmiendas a la totalidad (diez) ni menos apoyo entre el resto de grupos. Tan solo su perrito faldero -UPN- corretea alrededor del Gobierno ladrándole las gracias, mientras que en Nafarroa, Yolanda Barcina, nueva oráculo del Fuero, afirma sin desmuecarse que «como presidenta del Gobierno no apoyo las medidas del PP, pero como presidenta de UPN, sí». Y nosotros te seguimos por lo claro que hablas, Yoli.

Se anuncian profundas reformas en el Código Penal. Es lo obligado. Hay que recortar las libertades para dejarlas al mismo nivel que los motoserrados derechos educativos y sanitarios. La creciente contestación social debe ser atajada. Las pacíficas sentadas serán consideradas delitos de resistencia a la autoridad porque, como ya lo dijo Fraga -padre de la Constitución y del PP- y ahora repite el ministro de Interior, «la calle es mía», o sea, suya. Bajo la batuta del PP se puede privatizar todo menos el control de la calle. Libertades para el capital, todas, pero las personas, o trabajando, o en casa, o en el súper. En la calle, no. Las partidas del Ministerio del Interior han sido las mejor tratadas en el proyecto de Presupuestos de 2012. ¡Cuidadín, el que avisa no es traidor!

La criminalización social, que en Euskal Herria, con la excusa de la violencia de ETA, ha llegado a abarcarlo todo (movidas sindicales, ecologistas, juveniles, democráticas,...), se extiende ahora como una mancha de aceite por la piel de toro. En Andalucía, Madrid, Catalunya, Valencia..., en las protestas sociales, estudiantiles y del 15M, las multas, prohibiciones, cargas policiales, detenciones y procesamientos van in crescendo. Si el retroceso en lo social nos retrotrae a épocas franquistas, el que se vive en el terreno de las libertades no se queda atrás. Es la otra cara de su euro, es decir, de su moneda.

La democracia se vacía, el aparato del Estado se refuerza. No puede ser de otra manera. Son conceptos antitéticos. Cuando la primera se expande, el segundo se contrae, y viceversa. La lucha por las libertades, aquellas que arrinconó la Transición y que se está tragando día a día la termita institucional franquista, vuelve a estar en el primer lugar de nuestras demandas.