Más de tres años después de que la Diputación alavesa declarara falsos los hallazgos realizados en el yacimiento de Iruña-Veleia, el asunto sigue en los juzgados. La plataforma SOS Veleia compareció ayer ante los medios de comunicación en Gasteiz para reclamar a la judicatura, a la institución foral y a los partidos políticos, que tomen cartas en el asunto, no para pronunciarse a favor o en contra de la autenticidad de los descubrimientos, sino para que «de una vez» se ponga esta cuestión en manos de acreditados profesionales independientes que se pronuncien sobre su autenticidad y se esclarezca este asunto.

La iniciativa ciudadana consideró «inconcebible» que el proceso judicial puesto en marcha a raíz de las querellas por falsificación y daños contra el patrimonio lleve más de tres años en los juzgados, mientras siguen apareciendo nuevos informes de especialistas de reconocido prestigio y voces acreditadas de la comunidad científica internacional que se han pronunciado a favor de la autenticidad de lo encontrado. Más de tres años, en los que los antiguos directores del yacimiento, Idoia Filloy y Eliseo Gil, «han sido linchados y condenados públicamente», a pesar de que «no se ha demostrado la falsedad de ni uno solo de los grafitos» y de que «a día de hoy no existe ninguna acusación judicial contra ellos».

Junto al «drama humano» que viven ambos científicos en el plano personal y profesional, SOS Veleia llamó la atención sobre la gestión que se está haciendo del propio yacimiento. Denuncian que la utilización de maquinaria pesada a instancias del nuevo director del yacimiento, Julio Núñez, no sólo está dañando una zona sensible, sino que, además, está destruyendo pruebas de peso que ayudarían a resolver la autenticidad de algunos hallazgos.

La plataforma dio a conocer ayer que Lurmen, la firma con la que Gil y Filloy trabajaron en el yacimiento de Iruña-Veleia, ha presentado en el juzgado que lleva el caso 17 informes elaborados por especialistas de renombre, muchos de ellos extranjeros, que abogan por la autenticidad de los hallazgos. Añadieron que hay testimonios de eminentes lingüistas, como el recientemente desaparecido José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi, que se se han pronunciado en el mismo sentido, opiniones que ponen en duda las conclusiones de la comisión de expertos sobre las que en su día la Diputación alavesa basó la denuncia por falsificación.

A la vista de la disparidad de opiniones científicas y dada la importancia que representan los hallazgos de confirmarse su autenticidad, la plataforma ciudadana lanzó una petición de urgencia a la judicatura, a la que pidió «que envíe a la mayor brevedad las piezas cuestionadas a algún laboratoro de arqueometría de renombre internacional». Si esto no fuera factible, plantea que se archive la querella contra los imputados y que sea la propia Diputación de Araba la que ordene la realización de los análisis.

A la institución que dirige Javier De Andrés, la plataforma le solicitó «que paralice las excavaciones iniciadas hace dos años por el nuevo director», al tiempo que reclama a las formaciones políticas «que se posicionen a favor del análisis», paralicen las excavaciones y promuevan iniciativas en ambos sentidos.