Las formaciones conservadoras presentes en la Cámara legislativa de Gasteiz sumaron ayer sus votos para defender las exenciones fiscales atribuidas por el Estado español a la Iglesia Católica. En concreto, PNV y PP votaron en contra de una enmienda transaccional, firmada por EA, PSE e Izquierda Unida-Ezker Anitza, que pretendía instar al Gobierno del Mariano Rajoy a adoptar las medidas oportunas para acabar con la «injustificable» exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la iglesia y a otras entidades jurídicas.

En el texto, fruto de una Proposición No de Ley (PNL) defendida por Mikel Arana (Izquierda Unida-Ezker Anitza), las formaciones políticas firmantes solicitaban una revisión de los acuerdos económicos vigentes entre el Ejecutivo español y las autoridades del Vaticano. Estos acuerdos, firmados hace más de treinta años para perpetuar una serie de «privilegios» económicos, han recibido duras criticas de la Comisión Europea.

Además, en la enmienda transaccional, que urgía a Madrid a eliminar la asignación tributaria a la Iglesia católica en el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los partidos firmantes pedían compensaciones por todos los beneficios fiscales recogidos en la Ley de Haciendas Locales e instaban a las haciendas forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba a remitir un censo de todos los bienes inmuebles, rústicos y urbanos, que estén registrados a nombre de la Iglesia católica.

«Trato de favor»

Durante el debate, Juanjo Agirrezabala (EA) destacó que el «trato de favor» a las confesiones religiosas no tiene cabida en un Estado que afirma estar sustentado sobre la igualdad y el laicismo. Por ello, solicitó la eliminación de unos privilegios garantizados por los diferentes inquilinos de La Moncloa.

Este referencia fue utilizada por el parlamentario jeltzale Ricardo Gatzagaetxeberria para criticar el «oportunismo» del PSE, que ayer se mostró partidario de acabar con la exenciones. En el mismo sentido, Antón Damborenea (PP) cargó contra la «demagogia» de Joana Madrigal (PSE), que echó mano de la falta de ingresos para justificar su apoyo a la enmienda.

Por último, Mikel Arana rechazó que la acción social desempeñada por Cáritas justifique la exención del IBI a la Iglesia católica, tal como señaló el cardenal Antonio María Rouco Varela. A su juicio, los servicios prestados por la Iglesia católica deberían ser asumidos en su totalidad por el propio Estado español.