El Partido Popular acordó con CiU que el contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores (con un periodo de prueba de un año y sin indemnización por despido durante ese tiempo) pueda realizarse hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 %. La misma limitación se aplicará a los contratos para la formación y el aprendizaje.

Asimismo, PP y CiU pactaron que la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se produzca en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Respecto al periodo de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU pactaron que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje. Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que han existido causas de fuerza mayor para los despidos.

10% de la jornada laboral

También con el grupo catalán, el PP acordó que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 % de la jornada de trabajo de sus empleados, lo que deberá comunicar al afectado con un mínimo de cinco días. Además, con CiU negociaron bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos.

La bonificación equivaldrá al 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de alta. También para las empresas -excluidas las del sector público dedicadas al turismo, comercio u hostelería que generen actividad en marzo y noviembre se crea una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y formación profesional. Además, pactaron que los «descuelgues» de un convenio de ámbito superior se produzcan si la empresa suma dos trimestres consecutivos de disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas respecto al mismo período del año anterior. La inaplicación de lo pactado deberá ser comunicado a la autoridad laboral «a los solos efectos de depósito».

En lo que afecta a la jurisdicción social, PP y CiU consensuaron que las eventuales demandas contra decisiones empresariales vayan a juicio dentro de los quince días siguientes a su admisión a trámite, en tanto que la sentencia se dictará en cinco días y será recurrible en casación ordinaria.

Con el PSOE el PP acordó que las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación cuando cuenten con la correspondiente autorización y que los trabajadores discapacitados puedan ser trasladados por su empresa a otra localidad en que sea más accesible su tratamiento.

Por su parte, el PP introdujo en el texto enmiendas que concretan el papel de asesoramiento y consulta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y los despidos de personal laboral de los entes, organismos y entidades del sector público que tengan insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos.

Con UPyD el PP acordó que la aportación que tienen que hacer al Tesoro Público las empresas de más de 100 trabajadores que hagan despidos colectivos que incluyan a personas de 50 sea exigible también si la regulación de empleo es temporal. Con Izquierda Plural pactó que al contrato de formación y aprendizaje puedan acogerse los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo y que su prórroga no pueda ser inferior a seis meses.

PNV, Amaiur y Geroa Bai

El portavoz del PNV Emilio Olabarria manifestó que «hoy -por ayer- es un mal día para el estado de bienestar» y destacó que con la reforma aumentan los contratos formativos, «que será la fórmula ordinaria para los pocos que accedan al empleo».

Desde Amaiur, Rafa Larreina, criticó que la reforma no responda a la realidad de la crisis económica y que en vez de fomentar la economía productiva «navega en el ámbito de la especulación del mercado laboral», que se unirá así a la especulación inmobiliaria y financiera.

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, denunció el procedimiento para la aprobación del texto final, ya que el PP ofreció un documento con 26 enmiendas transaccionales «voluminoso» que los grupos parlamentarios no conocían y que suponen un cambio sustancial del texto del decreto ley.