El ayuntamiento de Urduña tiene una situación económica más que delicada que ni siquiera le permite llegar a fin de año. Solo la amortización de intereses de una deuda enorme contraída por antiguas corporaciones, con el beneplácito de la Diputación de Bizkaia -entonces, todas en manos del PNV-, le obliga a pagar medio millón de euros. Y a hacerlo con un presupuesto que ronda los 4,5 millones. El actual gobierno municipal dio ayer un buen ejemplo de honestidad y transparencia al reconocer públicamente la gravedad de la situación. Podía haber apostado, como habitualmente hacen otros, por la ingeniería contable, por cuadrar números de manera caprichosa para tapar el agujero. No haberlo hecho y haber decidido ir de frente, con la verdad por delante, tan poco corriente en estos tiempos, es un ejercicio que honra a la corporación. Y exige respuestas a quien puede darlas, en este caso, a la Diputación de Bizkaia.

La situación de Urduña no es una excepción. Es otro indicativo de lo que ha sido una gestión de la que alardean los jelkides y de graves hipotecas para muchos ayuntamientos. Si el PNV no puede asegurar que se financien y puedan funcionar, ¿de qué sirve su modelo made in Euskadi?