El Consejo del Gobierno de Gasteiz dio ayer autorización a la dirección de lo Contencioso del Departamento de Justicia y Administración Pública para interponer sendos recursos de inconstitucionalidad frente a los ajustes plateados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en Sanidad y Educación. No obstante, solicitará al Estado la apertura de una «comisión bilateral» para tratar de llegar a un acuerdo y evitar «los retrasos» del Tribunal Constitucional.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, la portavoz de Lakua, Idoia Mendia, explicó que, hasta que no se resuelvan estos recursos, su Ejecutivo dejará «sin efecto» todas las medidas de los decretos del Gobierno central, aunque matizó que ello «no supone una insumisión». En el ámbito educativo, el Ejecutivo autonómico considera que «la norma de urgencia ignora las competencias en materia de Educación de las comunidades autónomas, que aparecen peligrosamente ninguneadas», mientras que en materia de Sanidad cree que «el sistema centralizado de gestión, impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria».

«El Gobierno vasco va a trabajar para dejar sin efecto los decretos de Rajoy», reiteró antes de resaltar que espera que el Ejecutivo del PP no interponga ningún recurso ante esta decisión.

Plazo de tres meses

Mendia detalló que el procedimiento de los recursos por causa de invasión competencial está regulado por el artículo 33 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. Los recursos cuentan con un plazo de tres meses para interponerse desde la publicación en el BOE de la norma que se va a recurrir.

Asimismo, con independencia del recurso, el presidente del Gobierno autonómico y el consejo de Gobierno puede también solicitar al Estado español la constitución de una Comisión bilateral Estado-Comunidad Autonómica, en la que «dirimir estas diferencias y tratar de no llegar a extremo de formalizar la interposición del recurso llegando a la vía contenciosa».

«Es una vía de mediación entre Estado y comunidad autónoma en la que esta ultima trata de convencer al Estado de la invasión de competencias», indicó antes de precisar que en este vía cuentan con un plazo de nueve meses. Mendia abogó por «intentar» llegar a un acuerdo en esta última vía de «negociación» para «evitar los plazos tan grandes» que maneja en Tribunal Constitucional.