Delegados de los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT en el ámbito de la integración social comparecieron ayer ante los medios de comunicación para reclamar que, sea cual sea la situación económica, se garantice el carácter público de este tipo de servicios. Asimismo, abogaron por un convenio provincial que regule las relaciones laborales de este sector.

Según explicaron, el de la intervención social es un sector que abarca un amplio espectro de entidades y empresas que ofrecen diversos servicios sociales a la ciudadanía. Se trata -según los representantes sindicales- de un sector muy heterogéneo y desregulado que ocupa en Araba a unos mil trabajadores. Añadieron que la mayoría se han venido configurando a partir de movimientos asociativos, ONG y pequeñas empresas locales. También señalaron que en la mayoría de estas entidades no existen pactos laborales formalizados.

Informaron de que «por parte de las instituciones, gran parte de la actividad se ha pasado a manos privadas a través de convenios y se ha actuado con criterios dispares».

Ante esta realidad, los sindicatos reclamaron que se respete la publicidad de estos servicios y que se establezca un marco regulador de las condiciones laborales que «dignifique» la labor de los trabajadores «más allá de los vaivenes de la crisis». En este sentido, consideraron fundamental que sea un marco de relaciones laborales para Araba constituido a través de un convenio provincial. Explicaron que para alcanzar este objetivo, desde el pasado mes de febrero, se vienen reuniendo con patronales del ámbito de la integración social y con diferentes formaciones políticas.