El Gobierno de Lakua va a aprobar el pr�ximo martes un decreto sobre v�ctimas de abusos policiales y parapoliciales que comprende el periodo entre 1960 y 1978. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, dijo ayer que el Ejecutivo quiere sacar adelante antes de fin de a�o otro dictamen que tenga en cuenta las fechas posteriores, pero el previsible adelanto electoral hace improbable que se cumpla su anuncio. Las v�ctimas de la violencia estatal, por el momento, deber�n conformarse con este decreto.

Para las personas que en esas casi dos d�cadas sufrieron la represi�n de los aparatos del Estado esta norma supone un primer paso en el camino de la reparaci�n. Es mucha la gente que durante a�os ha visto c�mo su dolor era ajeno a la comprensi�n de las instituciones y que ver� ahora un poco de luz. Sin embargo, este primer paso no oculta el hecho de que para el Ejecutivo auton�mico estas v�ctimas siguen siendo de segunda categor�a, y su memoria, subordinada a la de aquellas que s� son objeto de todos los parabienes institucionales, las llamadas �v�ctimas del terrorismo�. El criterio establecido para fijar el espacio temporal que abarca el decreto -la represi�n de las fuerzas policiales espa�olas empez� mucho antes de 1960, y de 1968, fecha propuesta inicialmente por Lakua-; la cuant�a de las indemnizaciones a percibir por los afectados, inferior en este caso, y la negativa del Gabinete de Patxi L�pez a celebrar un acto p�blico de reparaci�n constituyen una jerarquizaci�n del dolor que retrata a sus autores.

Es a�n peor el caso del PP y del Gobierno espa�ol, contrarios a reconocer a las v�ctimas de las fuerzas represivas, que se cuentan por miles en este pa�s. El Estado todav�a no ha admitido el sufrimiento causado, y este ha sido enorme. Hablar de memoria o de la construcci�n de un relato compartido es est�ril cuando algunos ni siquiera son capaces de reconocer las consecuencias de sus propios actos. En este �mbito, la sociedad vasca a�n espera muchos primeros pasos.