El Gobierno de Lakua va a aprobar el próximo martes un decreto sobre víctimas de abusos policiales y parapoliciales que comprende el periodo entre 1960 y 1978. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, dijo ayer que el Ejecutivo quiere sacar adelante antes de fin de año otro dictamen que tenga en cuenta las fechas posteriores, pero el previsible adelanto electoral hace improbable que se cumpla su anuncio. Las víctimas de la violencia estatal, por el momento, deberán conformarse con este decreto.

Para las personas que en esas casi dos décadas sufrieron la represión de los aparatos del Estado esta norma supone un primer paso en el camino de la reparación. Es mucha la gente que durante años ha visto cómo su dolor era ajeno a la comprensión de las instituciones y que verá ahora un poco de luz. Sin embargo, este primer paso no oculta el hecho de que para el Ejecutivo autonómico estas víctimas siguen siendo de segunda categoría, y su memoria, subordinada a la de aquellas que sí son objeto de todos los parabienes institucionales, las llamadas «víctimas del terrorismo». El criterio establecido para fijar el espacio temporal que abarca el decreto -la represión de las fuerzas policiales españolas empezó mucho antes de 1960, y de 1968, fecha propuesta inicialmente por Lakua-; la cuantía de las indemnizaciones a percibir por los afectados, inferior en este caso, y la negativa del Gabinete de Patxi López a celebrar un acto público de reparación constituyen una jerarquización del dolor que retrata a sus autores.

Es aún peor el caso del PP y del Gobierno español, contrarios a reconocer a las víctimas de las fuerzas represivas, que se cuentan por miles en este país. El Estado todavía no ha admitido el sufrimiento causado, y este ha sido enorme. Hablar de memoria o de la construcción de un relato compartido es estéril cuando algunos ni siquiera son capaces de reconocer las consecuencias de sus propios actos. En este ámbito, la sociedad vasca aún espera muchos primeros pasos.