Las actuaciones de los Mossos d'Esquadra han saltado infinidad de veces a los titulares desde que, hace año y medio, Convergència i Unió regresó al Go- vern. Ahora, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona ha recogido todas estas actuaciones en un amplio informe titulado «Criminalización de la disidencia, expansión del sistema penal y situaciones de abuso policial como respuesta ante la situación de crisis económica en Catalunya».

El objetivo del informe, presentado ayer en Barcelona, es trasladarlo al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura -organismo del Consejo Europeo- y exigir su intervención inmediata. Concretamente, el informe reclama al Comité que investigue las denuncias, pida a los Gobiernos catalán y español información sobre los hechos y envíe una delegación de inspectores para analizar la situación sobre el terreno y entrevistarse con los actores implicados, todo con el objeto de que emita un dictamen con sus conclusiones y recomendaciones.

La represión de movilizaciones masivas como las del 15M, medidas de excepción como la suspensión del acuerdo de Schengen, la represión «preventiva» con motivo del 1 de mayo y de la cumbre del Banco Central Europeo -9.000 agentes en la ciudad, con controles e identificaciones arbitrarias-, la falta de identificación de los agentes antidisturbios, la reforma del Código Penal para criminalizar la resistencia pasiva, la incentivación de la delación ciudadana a través de la web de los Mossos, la dramática situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la persecución al movimiento estudiantil, el uso de balas de goma y gases lacrimógenos -la sala estalló en un emocionado aplauso al recordar la muerte de Iñigo Cabacas- y un largo etcétera conforman un devastador informe que ayer se presentó a la ciudadanía en un acto celebrado en la Universitat.

El acto, organizado por la OSPDH y el Grup de Recerca sobre l'Exclusió i Control Socials (GRECS) y presentado por el abogado Andrés García, uno de los autores del informe, contó con la participación de personalidades como el catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona, Josep Maria Terricabras, o el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. En el acto también estuvieron presentes Laura Gómez, secretaria de organización de la CGT, e Isma Benito, del sindicato de estudiantes AEP -ambos en libertad después de pasar varias semanas en prisión preventiva-, así como el Grupo de Apoyo a Ruben y Andreu, los dos jóvenes huelguistas encarcelados la semana pasada. El informe también recibió el apoyo de infinidad de entidades como la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura o la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados.

Pese a que las imágenes y los datos de la represión hablan por sí solos, la denuncia recoge también el reciente informe de la Coordinadora estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que pone de manifiesto la situación de excepción en Catalunya. Entre los datos más crudos encontramos las 213 denuncias interpuestas contra los Mossos en 2011, lo que supone un crecimiento del 409% respecto al año anterior. Juntando las denuncias por torturas y malos tratos a los Mossos y a las policías locales y funcionarios de prisión, el saldo ascendió en Catalunya a 241, convirtiendo al Principat en líder de tan dramático listado. Le sigue, con 158 denuncias, la CAPV.