Opositores, activistas, el Consejo presidencial de los Derechos Humanos (CDH) y el defensor del pueblo, Vladimir Lukin, pidieron ayer al presidente, Vladimir Putin, que no promulgue la polémica ley que endurece las multas por convocar y participar en protestas y que ayer fue aprobada, casi por unanimidad, en el Consejo de la Federación (Senado), tras el visto bueno de la Duma (Cámara Baja).

La nueva ley establece multas de 300.000 rublos (8.000 euros) para quienes «infrinjan las normas», a los que ofrece como alternativa 200 horas de trabajo social, y de hasta un millón de rublos (30.000 euros) para los convocantes. Hasta ahora, las sanciones no superaban los 5.000 y 50.000, rublos, respectivamente.

La oposición considera que la nueva ley pretende acallar el ánimo contestatario de la sociedad, tras las multitudinarias protestas anti-Putin de los últimos meses, y aseguró que será imposible manifestarse pacíficamente. Rusia Justa apelará al Tribunal Constitucional.

Senadores opositores criticaron la «prisa» de Rusia Unida por aprobar la ley antes de las protestas convocadas para el 12 de junio, Día de Rusia.

Lukin recordó que la Constitución y las leyes recogen que para celebrar manifestaciones pacíficas no es necesario pedir autorización y se mostró dispuesto a trabajar sobre el proyecto de ley si Putin veta el documento. Veto que también pidió Mijail Fetodov, jefe del CDH, quien se preguntó si su objetivo es que no haya daños o que no haya mítines.

El Kremlin afirmó que Putin solo vetará la ley si ésta contradice las prácticas vigentes en otros países europeos.