Bilbo se convirtió ayer en el epicentro social para reclamar el fin de los desahucios, el derecho a una vivienda y el alquiler social para quienes no tienen recursos por diferentes causas, la mayoría derivadas de la crisis económica. Stop Desahucios Bizkaia, doce colectivos sociales vizcainos y la iniciativa «Ez Irentsi-No tragamos» se rotaron en diferentes puntos de la principal arteria comercial y económica de Bilbo para denunciar que «la crisis no la hemos provocado nosotros, sino los bancos y cajas, y, sin embargo, somos los que pagamos sus consecuencias. Nos quedamos sin empleo, sin prestaciones sociales y nos echan de nuestras viviendas o no nos permiten el acceso al alquiler social», según denunciaron Jabi Sierra, de la Posada de los Abrazos, y Ahmed Karkri, de la Plataforma de los Invisibles, ante el BBVA. La denuncia después se trasladó a la sede de Kutxabank.

Casi 8.000 desahucios

Desde 2008, cuando se inició la crisis, en Hego Euskal Herria se han producido 7.923 desahucios. La gran mayoría de esas pérdidas de viviendas se concentran en las capitales vascas y en Barakaldo, según los datos oficiales, lo que está generando un problema social que, lejos de resolverse y amainarse, aumenta cada día, porque las iniciativas que se adoptaron desde el Ejecutivo de Gasteiz con el apoyo de cajas y bancos están resultado «un fraude social con consecuencias dramáticas en el caso de Kutxabank», como explicó la portavoz de Stop Desahucios en Bizkaia, Marta Uriarte.

A todo esto, se le unió ayer que tres universitarias, Nerea Iturrioz, Amaia Bergara y Sara Laconcepción, que han tomado parte en la iniciativa «Ez Irentsi-No tragamos» denunciaron cómo el Ayuntamiento de Bilbo tampoco quiere que la sociedad demande de forma pacífica, por medio de un ayuno de dos días, el derecho a una vivienda, como figura en la Constitución española, e impidió el permiso para que pudieran instalarse ante el BBVA al inicio de la Gran Vía. Explicaron a GARA que «no entendemos esta actitud, porque nuestra demanda es a tener una vivienda digna, algo que interesa a todas las personas».

La crispación social crece. Al mediodía, un numeroso grupo de personas afectadas por ejecuciones hipotecarias acampó en la entrada de Kutxabank con cartones, con comida y bebida con el objetivo de pasar en ese lugar un tiempo, dado que «nos echan de nuestra casa». Trataron de entrar en la sede de Kutxabank, pero los vigilantes de seguridad impidieron su acceso al cerrar las puertas de manera automática, aunque quienes se encontraban en la protesta eran también clientes de la entidad que preside Mario Fernández.

Marta Uriarte, portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, explicó que «esta concentración tiene como fin denunciar que Kutxabank, a todas aquellas personas que han ido al servicio de mediación instaurado por el Ejecutivo de Gasteiz para intentar mediar en sus causas hipotecarias para impedir que vayan a la calle, se niega a todas desde la primera a la última. No quiere ningún tipo de solución. Lo único que quiere es que el Gobierno vasco se haga cargo de entregar viviendas de alquiler social y su coste corre a cargo de la obra social de Kutxabank. Quieren dar una limosna para la gente. No lo aceptaremos». Desde esta iniciativa social se exige que «se paralicen de forma inmediata todas las ejecuciones hipotecarias» y se arbitre «una renegociación o en su caso la dación del piso en pago de las familias afectadas».

En ese mismo lugar de la protesta se presentaron dos casos «de Antonio y de Magno» que explicaron que acudieron a la mediación, pero que no han tenido suerte. El segundo «tiene un impago de un mes» e intentó negociar por medio del servicio de mediación, «pero Kutxabank le ha negado un acerca- miento con negociación», explicó. Por lo que Uriarte señaló que «es obsceno, porque dijeron y se les llenó la boca explicando que iban a negociar, pero es mentira. Ni en Bizkaia, ni Gipuzkoa ni Araba. En los tres territorios actúan igual». En el caso del otro afectado, Antonio, explicó que «llevo tres años sin trabajar. No puedo pagar el piso. He intentado la mediación, pero no quieren llegar a un acuerdo conmigo. Me echarán a la calle cuando termine el proceso. Es lamentable», destacó.

Otro de los casos es el de Amaia Goikoetxea, «que no ha podido acudir a este acto -según explicó la portavoz-. Está divorciada con un hijo a su cargo. Kutxabank le va a desahuciar el 12 de julio. Hemos intentado un acuerdo con el servicio de mediación y a modo personal para que obtenga un alquiler social para que no se le eche de la vivienda, pero la respuesta ha sido siempre negativa».

«Mentira»

La portavoz de Stop Desahucios Bizkaia remarcó que «ante esta barbarie sólo podemos denunciar lo que están haciendo. Es una falacia. Es mentira. Se tratan de limpiar la cara hacia la sociedad, pero no quieren el acuerdo para que la gente pueda seguir viviendo con el alquiler social».

Ante la nueva iniciativa anunciada por Kutxabank «acordada con el Departamento de Vivienda» para que se haga cargo de los desahuciados con viviendas públicas de alquiler social, mientras Kutxabank ofrecía tres años de alquiler social, aseguran quedarse «sin calificativos». Rechazaron esa vía porque «esta situación ha sido generada por los abusos realizados por la banca durante la época del boom inmobiliario» y explicaron que «es injusto «que se pague con la Obra Social», como añadió en un comunicado Stop Desahucios de Gipuzkoa, tras conocer el alcance del anuncio.

«Nos dejan en la calle»

Mientras, los colectivos sociales de Bizkaia Argitan, Asamblea Abierta en defensa de las Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak, Bizitegi, Danok Lan, Elkartzen, Invisibles, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal y SOS Racismo denunciaron minutos antes ante el BBVA que «las administraciones nos dejan en la calle». Alrededor de 30 personas «sin techo» se postraron ante el banco «para denunciar la situación de indigencia que nos dejan las administraciones», como explicó Jabi Sierra, de La Posada de los Abrazos, y Ahmed Karkri, de la Plataforma de Invisibles.

Como explicaron, «el Gobierno vasco está endureciendo el acceso a las ayudas y la Diputación de Bizkaia ha reducido un 80% las ayudas para la inclusión social». Todo ello ha llevado a 2.436 familias a no recibir las ayudas de la renta de Garantía de Ingresos. Ante esta grave situación, ambos explicaron que «nos encontramos 30.000 personas apuntadas en el servicio de Etxebide en espera de un piso de alquiler social, pero hay miles de personas que no pueden acceder a una vivienda pública porque los requisitos son excluyentes».

Por eso, denunciaron la inoperancia del servicio Etxebide con la vivienda vacía. Según explicaron, en Bizkaia existen 77.725 viviendas vacías. «En el último año, han aumentado en un 14,8%». Por eso, exigieron que las viviendas vacías se pongan a disposición de los necesitados, la paralización de los desahucios y que las adminis- traciones públicas aumenten los recursos para las prestaciones sociales.