Una delegación formada por Nicola Duckworth, directora general de investigación de Amnesty International; Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España; Aitor Imaz, coordinador de Amnistía Internacional para Euskadi y Navarra; y Virginia Álvarez, responsable de relaciones institucionales y política interior, se ha entrevistado en los últimos días con el lehendakari, Patxi López, el Ararteko, Iñigo Lamarca, el comisionado para la Paz y la Convivencia, Jesús Loza, y representantes de los partidos vascos para presentarles la agenda de Derechos Humanos elaborada para la CAV y valorar algunos de los pasos dados por las instituciones autonómicas en este terreno.

Amnistía Internacional sostiene que «los derechos humanos deben ser la hoja de ruta» para el «nuevo contexto» que se da en Euskal Herria desde la decisión de ETA de poner fin a la lucha armada. Pero muestra su temor a que no todas las víctimas de vulneraciones tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Insisten en que todas la víctimas tienen derecho a que «la verdad debe ser conocida, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia y las víctimas deben obtener reparación».

Decretos, tortura y policía

La delegación de Amnistía Internacional, que ayer hizo en Gasteiz una valoración de sus reuniones, considera que las víctimas de ETA han tenido un reconocimiento adecuado. En cuanto a los decretos referidos a las víctimas de la violencia estatal, AI sostiene que el que se va a aprobar el próximo martes, referido al periodo 1960-1977 es «un paso en la dirección correcta», pero no aborda debidamente la demanda de justicia, el derecho de esas víctimas a que quienes vulneraron sus derechos sean juzgados. Además, Esteban Beltrán mostró su temor de que en el segundo decreto, el que recogerá los casos de 1978 en adelante, las víctimas de tortura sin resultado de muerte «sean olvidadas».

AI también reclama que puedan tener acceso a la justicia las víctimas de atentados de ETA no esclarecidos.

Amnistía Internacional es taxativa a la hora de mostrar su «preocupación» por el hecho de que el Gobierno de Lakua no esté cumpliendo las recomendaciones del Ararteko y otras instituciones para prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos.

Esteban Beltrán y Nicola Duckworth destacaron que «el Gobierno debería investigar alegaciones de tortura en vez de querellarse contra aquellos que las denuncian», recordando la iniciativa aprobada en el Parlamento de Gasteiz el año 2010 en la que se instaba al consejero de Interior a querellarse «ante cualquier intento de erosionar la correcta actuación de la Ertzaintza», como hizo en el caso de los detenidos de Ondarroa. Junto a ello, Amnistía Internacional pidió al lehendakari que la Policía autonómica no reclame la incomunicación de los detenidos, una práctica denunciada por todos los organismos internacionales.

En cuanto al uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales -y Amnistía Internacional recuerda concretamente el caso de Iñigo Cabacas- demandan la identificación de los agentes que intervienen, la creación de mecanismos independientes de investigación y la concreción de un protocolo para las intervenciones policiales. El lehendakari se comprometió a estudiarlo.

Amnistía Internacional mostró su preocupación de que la crisis económica pueda convertirse también en una crisis de derechos humanos por la desatención y desprotección de colectivos especialmente vulnerables.