Una cosa es querer resarcir a quien ha tenido que dejar Euskal Herria por la acción o amenaza de ETA y otra abrir la puerta a la mayor alteración de un censo electoral conocida en Europa sin mediar una guerra que diezmara la población. La operación es de tal envergadura y desproporción que los comentarios que suscita a botepronto son de incredulidad. La pregunta común ayer fue: «Pero eso se va a hacer, ¿en serio?». Sin tener a mano una bola de cristal con la que leer el futuro, citemos a los clásicos: «¿Acaso pensaban que no nos íbamos a atrever?» (José María Aznar, julio de 1998, tras el cierre de «Egin»)

Veremos en qué acaba todo pero, de momento, el Gobierno del PP cuenta con un estudio teórico que avala el supuesto encaje constitucional de la reforma y la mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla. La determinación del Ejecutivo la dejó clara el ministro del Interior en su discurso ante sus «expertos»: «Es verdad que se trata de un tema complejo en términos jurídicos. Pero también es cierto que muchos de los grandes avances en la defensa de la libertad frente al terrorismo han ido precedidos de pasos firmes y decididos en el mundo del Derecho, que algunos calificaban como imposibles o temerarios. No olvidemos, por ejemplo, la contribución decisiva que la Ley de Partidos ha supuesto para la derrota de ETA, a pesar del escepticismo inicial que existía acerca de la viabilidad de una disposición legal como esta».

¿Cuál es la incógnita que falta por despejar en la ecuación? La que muestra la diferencia entre el coste y el beneficio que puede deparar el negocio al PP. En manos de los partidos vascos y la ciudadanía está elevar al máximo la prima de riesgo de esta operación.