Hasta en tres ocasiones eludió ayer la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, las preguntas directas sobre un inminente rescate de la economía del Estado. Interrogada durante la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo se refugió en los informes que están elaborando el FMI y dos consultoras privadas (Oliver Wyman y Roland Berger) sobre el verdadero estado de las entidades bancarias españolas antes de aventurarse a desvelar su plan. De este modo, Sáenz de Santamaría dejaba en manos de las instituciones financieras internacionales el futuro económico del Estado español. Los números rojos de las cajas lastran a una administración que es vigilada de cerca por Europa. La administración comunitaria, preparada para una eventual inyección de liquidez, habría recomendado a Madrid que espere hasta el dictamen de las auditorías para pedir ayuda. La fecha tope: el 31 de junio. Aunque agencias como Reuters daban por seguro que el rescate podría llegar hoy mismo.

«Estamos a la espera de las cifras, no hay ninguna decisión tomada», aseguró ayer una esquiva Sáenz de Santamaría, que insistió en que su idea es conocer primero «cuál es la situación financiera». No quiso dar números ni tampoco especular sobre cuál sería el tope marcado para reclamar a Europa que intervenga. «No voy a hablar de cifras hasta que no salgan las que importan e interesan», aseveró. En la misma línea, dijo que no tenía constancia de que ninguno de sus ministros fuese a tomar parte en un encuentro «oficial» para analizar la grave situación económica. Diversos medios habían filtrado que la situación había llegado a tal extremo que el sábado o el domingo se realizaría una videoconferencia entre los principales líderes del continente.

Calendario de auditorías

Quizás para paliar la incertidumbre generada por el agujero de las entidades bancarias, el Ministerio de Economía hizo pública una nota en la que especificaba el programa de auditorías para este mes. Al margen del estudio del FMI, cuyos resultados se esperan para el lunes (aunque el jueves ya se filtró una estimación de 40.000 millones de euros), el análisis está dividido en dos fases. La primera, hasta el 21 de junio, queda en manos de las dos consultoras internacionales. En la segunda, entrarían Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, las cuatro principales firmas del Estado. Su dictamen deberá estar listo para el 31 de junio. Con estos ingredientes, el Banco de España, ya liderado por Luis María Linde -que tomará posesión de su cargo el lunes-, tendrá una composición del estado real de los 14 principales bancos y cajas. Entonces, tal y como avanzó el Ministerio que dirige Luis de Guindos, se acometerá una tercera ronda de saneamiento.

La recomendación de Europa es que el Gobierno español debería de esperar a estas recomendaciones antes de su próximo movimiento. Sin embargo, también avisa de que está preparada para intervenir. «Los instrumentos apropiados están en vigor y listos para ser utilizados», aseguró ayer el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, en referencia al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), una de las herramientas con las que se podría inyectar liquidez a la banca española.

En medio de las filtraciones y la incertidumbre, el lunes, con el informe del FMI, será clave para conocer el futuro de un Estado que avanza hacia el rescate.