La participación popular gana terreno en Gasteiz pese a las críticas del PP
El próximo lunes, los concejales que conformarán el Pleno del Consistorio gasteiztarra debatirán y, seguramente, aprobarán la primera consulta popular de la ciudad. Un referéndum, defendido por Bildu, PNV y PSE, que tiene por objeto decidir cual será el emplazamiento de la futura estación de autobuses. El gobierno local, que rechaza la idea, quiere poner condiciones a la misma y, sorprendentemente, quiere cobrar la «factura» de la consulta a los grupos proponentes.
Ion SALGADO | GASTEIZ
Las vecinas y vecinos de Gasteiz podrán elegir la ubicación final de la futura estación de autobuses. Ayer el alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto (PP), reconoció la evidencia y admitió que, siempre y cuando se mantengan los posicionamientos actuales, serán los ciudadanos, y no solo los concejales, quienes decidan si la infraestructura se sitúa en el parque de Arriaga o en la plaza Euskaltzaindia.
El referéndum previsto por los grupos de la oposición, que, tal como señaló el portavoz de Bildu, Kike Fernández de Pinedo, marca un «hito» en la historia de la ciudad, no cuenta con el respaldo del PP, que este mismo viernes mostró su recelos a una consulta calificada de «circo» por el primer edil.
En una rueda de prensa, Maroto anunció que respetará la celebración del referéndum, apoyado por 18 de los 27 concejales que componen la Corporación, y presentó dos condiciones, que no impiden que se celebre la consulta, para dar su plácet a la misma.
Por un lado, el alcalde propuso que la consulta popular se celebre el próximo mes de julio para no hacer peligrar las partidas presupuestarias acordadas tanto con la Diputación como con el Gobierno de Lakua; por otro, planteó que los costes derivados del referéndum sean sufragados por los «los concejales de los grupos que lo proponen». Una idea llamativa teniendo en cuenta que el PP piensa participar de forma activa en la consulta, apostando a favor de la plaza Euskaltzaindia.
«Que se aplique el cuento»
Bildu protagonizó la primera réplica a las palabras de Javier Maroto. Kike Fernández de Pinedo, que compareció acompañado por el edil Antxon Belakortu, aplaudió que el alcalde haya aceptado la celebración de la consulta, aunque lo haya hecho «a regañadientes y forzado por la mayoría».
En cuanto a las «condiciones» propuestas por el primer edil, Fernández de Pinedo recordó que la moción presentada por la coalición, que seguramente este lunes recibirá el voto favorable de los concejales del PNV y del PSE, fija un plazo de cuatro meses para poder realizar la consulta ciudadana.
Asimismo, Belakortu aceptó asumir entre los concejales que componen la Corporación el gasto derivado de la consulta y recomendó a Maroto que se «aplique el cuento» cuando el Consistorio organiza recepciones y festejos privados, como el que marcó la inauguración de la Capitalidad Verde Europea.
Por su parte, el exalcalde de la ciudad, Patxi Lazcoz, calificó de «lamentable» la postura de su sucesor y explicó que la idea de pasar el coste del referéndum a los concejales requiere una modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que regula la celebración de consultas. «Si lo quiere modificar [el Reglamento] no hay problema, pero que no haga demagogia», subrayó el portavoz del PSE.
En el mismo sentido, el representante del PNV, Gorka Urtaran, cargó contra las palabras del alcalde, al que advirtió que será el Pleno el que decida «cómo y cuándo» se realizará el referéndum. El jeltzale recordó que hace solo un mes la Junta Electoral Central impuso una multa a Maroto por invertir fondos públicos en beneficio de su propio partido.
La Comisión Vecinal por una Consulta en Lakua-Arriaga critica la inclusión del parque de esta zona en el referéndum y plantea su sustitución por otras alternativas, como el aparcamiento de caravanas de Lakua.
La patronal SEA rechaza la consulta por «improductiva» y porque cuesta dinero. Por su parte, el secretario general del PP en la CAV, Iñaki Oyarzábal, calificó de «irresponsable» la realización del referéndum.