No sé qué decir. Es la mejor frase que encuentro para contener todos los pensamientos políticamente incorrectos que se mueven por mi mente después de conocer la reforma electoral que prepara el Gobierno del PP. La intención de que cualquiera que en un tiempo haya residido en Euskal Herria pueda votar en las urnas de la CAV y Nafarroa, decidiendo con ello la configuración de la voluntad popular, traspasa los límites de la permisividad democrática de esas mayorías incontroladas, nacidas del populismo, que de pronto se convierten en burdas dictaduras en nombre de la paz, la seguridad, la normalización, la memoria y demás conceptos tan usuales en el único relato que el nacionalismo español quiere imponer en Euskal Herria. Supongo que, como toda la sociedad vasca, mi pregunta más inmediata es saber a cuántos futuros electores afectará la medida. Para mí que son muchos. A grandes rasgos, hago un recuento imaginado de los que, en mi ciudad y durante años, vinieron y después se fueron y me salen más de los que quisiera, los suficientes para articular otro fraude electoral más peligroso que el de 2009; militares, policías nacionales, guardias civiles y todo el séquito de funcionarios franquistas que, tras copar la administración, regresaron a sus lugares de origen tan españoles como a su llegada. No es la Marcha Verde de 1975 organizada por Marruecos para ocupar el Sahara, pero se le parece en la intención. Allí miles de marroquíes atravesaron el desierto para robar la independencia al pueblo saharaui; aquí sólo tendrán que desplazarse a la oficina de Correos más próxima. Si el Ejecutivo del PP se sale con la suya y cambia la Ley Electoral ¿..? Repito, no sé qué decir.