Franco defiende las reformas fiscales ante la caída de la recaudación
La diputada de Hacienda, Helena Franco, se reunió ayer con los alcaldes del territorio para informarles sobre la recaudación fiscal en lo que va de año. De momento, se ha producido una caída del 10% que podría conllevar una bajada similar a fin de año en el Fondo Foral de Financiación Municipal. Ante esta desviación, Franco defendió las reformas fiscales planteadas por su departamento y pidió a los alcaldes que tomen las precauciones y cautelas necesarias.
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Los cálculos de la Hacienda guipuzcoana apuntan a un descenso de la recaudación fiscal de en torno al 10% en el herrialde durante el primer trimestre del año. La diputada de Hacienda, Helena Franco, explicó ayer durante una reunión mantenida con los alcaldes del territorio que la desviación podría situarse entre el 6 y el 12%. Es por ello que la titular de Hacienda reclamó a los primeros ediles que adopten las precauciones y cautelas necesarias para hacer frente a esta desviación.
Agregó que estos datos llevan a pensar que a fin de año podría darse una caída similar en el Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM). Franco advirtió que es necesario «actuar en términos estructurales» e «ir cambiando las bases del sistema fiscal», porque es «lo que verdaderamente sustenta la vía ordinaria de recursos» de los que se nutren las administraciones públicas.
Al respecto, defendió las reformas que la Diputación está llevando a cabo en materia fiscal. Concretamente, en la reunión de ayer se refirió al Proyecto de Norma Foral de Tributos Locales que en estos momentos está en tramitación en las Juntas Generales y que prevé modificar una serie de cargas municipales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE) y el de plusvalía. Franco consideró que «es un elemento fundamental para reforzar los ingresos de los ayuntamientos.
Mencionó asimismo su «interés» en «la renovación de la Ley de Aportaciones para conseguir un reparto equilibrado de los recursos a nivel del conjunto de la CAV, lo cual significaría más recursos para Gipuzkoa, tanto para la Diputación como para los ayuntamientos».
En nombre de estos últimos compareció la alcaldesa de Urretxu, Oihane Zabaleta, y apuntó que esta reducción del 10% «no acompaña» a los presupuestos de los municipios que, «no deben seguir adelante con el sistema anterior de recurrir al endeudamiento». Por ello, abogó por «hacer un ejercicio mucho más práctico, más realista e incluso, igual, negativo».
Caída también en Bizkaia
Por su parte, el portavoz de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, compareció ayer para informar de una reducción de la recaudación fiscal también en Bizkaia. Explicó que en el mes de abril, la recaudación cayó un 4,8%, a lo que añadió que esta caída es superior en Araba y Gipuzkoa.
Por ello, alertó de que si la recaudación es menor de lo previsto afectará a todos y estimó que en el conjunto de la CAV la caída rondará el 7%. Añadió que las previsiones de recaudación se hacen siempre con la previsión de crecimiento que hace Lakua y «parece evidente que no estamos en el crecimiento» del 1,3 que previó el Ejecutivo.
Helena Franco volverá a reunirse con los alcaldes en setiembre para tratar sobre el FFFM, respecto al que se mantiene la decisión de incrementarlo un 0,5%. El Consejo de Finanzas vizcaino por su parte, se reunirá a finales de julio, tras conocer el impacto de las reformas fiscales.
El consejero de Economía, Carlos Aguirre, manifestó ayer que la deuda de la CAV es la más baja del Estado español respecto a su PIB y, «sin duda, mejor que cualquiera de las tres diputaciones forales». En una entrevista en Radio Euskadi, Aguirre criticó que el PNV haya tratado de «sembrar la duda» sobre el estado de las cuentas del Gobierno de Lakua cuando «la tesorería sigue siendo buena y está tan bien que va a conceder aplazamientos a las Diputaciones forales» de sus aportaciones.
Añadió que el Gobierno no tiene ningún problema para pagar a funcionarios ni para hacer frente al pago de los servicios de la Administración. No obstante, admitió que se hará «un nuevo ajuste» determinado por «las cautelas» ante la evolución de la situación económica. «Ajustes -precisó- que son muy asumibles. A esos 290 millones que ya están ajustados, vamos a sumar otros 71». Aseguró que no se producirán recortes en los servicios públicos, ni en Sanidad, ni en Educación, ni en la RGI, y tampoco en la promoción de actividad económica e innovación del tejido productivo.
Asimismo negó que los compromisos de deuda del actual Ejecutivo vayan a afectar al próximo Gobierno y aseguró que la deuda viva de la CAV está en un 50% del presupuesto y, por tanto, «está mucho mejor» que la del Estado, del 160% de su presupuesto. GARA
