Colectivos sociales de Bizkaia realizaron ayer una parodia en Bilbo por «la pésima gestión» de Lanbide. Denunciaron el endurecimiento y la reducción de las prestaciones sociales a los más necesitados. Al mismo tiempo, en Gasteiz, el Gobierno de Patxi López aprobó un «nuevo plan vasco de inclusión activa». Según explicó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, contará con una partida superior a 500 millones con el objetivo de «luchar contra la pobreza y exclusión de los ciudadanos vascos más vulnerables».

Sin embargo, esa iniciativa no es más que propaganda, porque en esa cantidad se incluye lo que se destina a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda, que supera los 327 millones. No es una partida nueva, sino que la han englobado en ese plan para mostrar algo que ya se está haciendo en su mayor parte y que cuenta con un rechazo social creciente.

Mientras tanto, en la alameda Mazarredo, en la sede de Lanbide, colectivos sociales y antimilitaristas ataviados con uniformes y caretas del lehendakari Patxi López y de la consejera Gemma Zabaleta al mando de un tanque tomaron la entrada del Servicio Vasco de Empleo al objeto de denunciar precisamente lo que en Lehendakaritza se obvió con la presentación propagandística del plan de inclusión, como es «el endurecimiento de los requisitos para el acceso a las ayudas sociales, la reducción de la cuantía de las mismas y el colapso en la tramitación y revisión de expedientes», como explicó Oscar Aranda en nombre de todos los colectivos.

Añadió un dato que las personas usuarias de Lanbide y la plantilla confirman, que «estas situaciones que se producen cuando tramitas las prestaciones al haberte quedado sin nada son producto del deficiente soporte informático que ha desarrollado la empresa Indra Sistemas, que fue contratada por 3,18 millones».

A su juicio, la dirección de Lanbide decidió «ofrecer ese control de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos a una empresa de tecnología militar. Denunciamos esa situación, pero también que quedan en manos de esta empresa muchos datos personales que la Administración debería de haber velado por su confidencialidad». En Lanbide, un afectado señaló la tramitación deficiente de sus peticiones, dado que cuando empezaba a trabajar pedía que le dieran de baja en la Renta de Garantía de Ingresos, «pero no lo hacían, hasta que cuando vuelvo al paro y lo consumo, pido la prestación y me dicen que he actuado de forma irregular. He tenido que dar muchas vueltas y sigo sin resolver el problema», explicó, Jon Ibarrola, vecino de Gurutzeta (Barakaldo).

Según explicó Gemma Zabaleta, la intención del Ejecutivo de Gasteiz con ese nuevo plan es que se reduzca la pobreza. Sin embargo, fue el Gobierno de Gasteiz el que redujo en un 7% la partida económica para atender las prestaciones sociales y endureció el acceso a las mismas. Ahora, Zabaleta trasmite que quiere reducir la pobreza a niveles anteriores a la crisis, es decir en torno al 5%.

En la actualidad, según los datos de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que actúa en toda Europa, la población de la CAV bajo el umbral de la pobreza se encuentra en el 11,60%. Si se tiene en cuenta al conjunto de las personas que están bajo el riesgo de la pobreza, creció de un 8%, más o menos, que antes de la crisis, hasta el 15,6%, en 2010. Aunque al incrementarse el desempleo y las personas que no cuentan con prestación por desempleo, la pobreza habrá superado esa barrera en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Los colectivos sociales y antimilitaristas de Bizkaia no entienden que el Gobierno de Gasteiz diga por un lado que quiere terminar con la pobreza y «resulta que nos pone todas las trabas que puede para que no podamos obtener una ayuda para sobrevivir en el paro».