En mitad de la tormenta del rescate, con la que está cayendo y lo que queda por caer, crear cortinas de humo que desvíen la preocupación se ha convertido en un ejercicio recurrente en el Estado español. La sobredosis de fútbol es un buen ejemplo de ello. Ayer se conoció, tres semanas después de la monumental pitada de vascos y catalanes en la final de Copa, que el Congreso sacaba del congelador una iniciativa que llevaba cuatro años de letargo, según la cual ofender y ultrajar «a España», sus símbolos y emblemas, sería considerado una infracción muy grave y sancionado con severidad. Más tinta de chipirón a la olla a presión española. Triste espectáculo el de un Estado al borde del colapso, cada vez más insoportable, incapaz de generar adhesión y de persuadir con razonamientos lúcidos, que se ve obligado a recurrir a estos asideros para pretender mostrarse fuerte y desafiante.

A pesar de ser una iniciativa ridícula, a la que se le augura un recorrido anecdótico, esta conlleva una carga de profundidad de consecuencias preocupantes en el ámbito de las libertades fundamentales. Camina en la misma dirección de legislaciones contra la difamación y la blasfemia que muchos países usan para limitar la libertad de expresión y de conciencia. Ese tipo de leyes se aplican para proteger por sistema la fe mayoritaria -en este caso el sentimiento español- y para castigar a quienes no profesan esa fe y lo expresan en libertad. Por tanto, defender el libre pensamiento y la libertad de personas y pueblos exige trabajar en la abolición de ese tipo de leyes mordaza. Nunca en fortalecerlas.

Quienes tienen sentimientos y conciencia nacional distinta a la española -o a la vasca-, o aquellos que no la tienen, son dueños de todo el derecho del mundo a cuestionar la idea de España -o de Euskal Herria- y a confrontar proyectos nacionales antagónicos. Tienen el derecho incluso de mofarse. Y de hacerlo expresándose en libertad. Es un derecho básico irrenunciable. Y, dadas las circunstancias, quizá hasta un deber.