Las alcaldesas de Pasaia y Lezo, Amaia Agirregabiria e Idoia Zabalo, respectivamente, mostraron ayer su satisfacción ante el anuncio de Iberdrola de solicitar al Ministerio español de Industria el permiso para cerrar la central térmica sita entre estos dos municipios guipuzcoanos.

La planta, que produce energía merced principalmente a la combustión de carbón, se inauguró en 1967, por lo que lleva 45 años en funcionamiento. «Está muy obsoleta», apuntaron Agirregabiria y Zabalo, quienes recordaron que ambas localidades han apostado por el cierre en reiteradas ocasiones por su relevante nivel de emisiones contaminantes.

La antigüedad, unida al descenso de la demanda de electricidad debido a un menor consumo, han sido los argumentos esgrimidos por la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán para no agotar el permiso de funcionamiento vigente, que expira en el año 2022. Será Industria el que tenga que dar luz verde definitiva al cierre.

Las representantes de Lezo y Pasaia, quienes criticaron haberse enterado a través de los medios de comunicación y no haber recibido notificación alguna de la empresa, no olvidaron que en esta central trabajan cerca de 70 personas, por lo que reclamaron a Iberdrola «que respete sus derechos y vele por su futuro y el de sus familias». Según las informaciones oficiosas publicadas, la solución podría pasar por recolocaciones o prejubilaciones.

Agirregabiria y Zabalo apuntaron que el cierre de la térmica deja en entredicho la necesidad de que se construya una central de ciclo combinado, prevista en el proyecto de puerto exterior. «No es necesaria», subrayaron.

Casi 70.000 metros cuadrados

No será este el único debate que traerá consigo esta noticia. La marcha de Iberdrola supone la liberación de cerca de 70.000 metros cuadrados de terreno, que en primer lugar deberán de ser descontaminados por la propia compañía.

Las alcaldesas de Lezo y Pasaia reclamaron que ambas localidades «recuperen esos terrenos» y que sean sus habitantes quienes «decidan qué quieren hacer». No obstante, reconocieron que «los terrenos pertenecen a la Autoridad Portuaria (APP)» y llamaron a las instituciones competentes a «acordar los pasos posteriores al cierre».

El presidente de la APP, Lucio Hernando, manifestaba la pasada semana que se podría producir una reordenación de las mercancías. «La chatarra podría trasladarse a medio plazo a esos espacios liberados, lo que tendría menos impacto en la población circundante», indicó.

Impacto económico

Otro punto relevante es el impacto económico para las instituciones. Iberdrola abona 1,3 millones de euros al año a la Autoridad Portuaria por la cesión de los terrenos y el tráfico de combustible. A ello cabe sumar los tributos que paga a los consistorios y a la Hacienda de Gipuzkoa.

Al respecto, las dos alcaldesas asumieron que bajarán los impuestos por este capítulo «pero hemos de avanzar, darle la vuelta y buscar otras riquezas». Añadieron que este cierre es el preludio de «la muerte de un modelo: el de las grandes infraestructuras, el derroche, el cemento y la contaminación».