El «rescate» de las instituciones financieras españolas a través de un préstamo, como máximo, de 100.000 millones de euros supone un empeoramiento de la deuda pública española (que no se puede pagar) y un fardo más a la larga crisis económica (que durará, al menos, otros cuatro o cinco años más).

El préstamo se hace al gobierno español, vehiculizado mediante el FROB, de tal forma que será el Estado, mediante endeudamiento público, el que tenga que responder en los casos de las entidades que no puedan pagarlo. Es cierto, asimismo, que el pago de los intereses, en el caso de ser asumidos por el Estado, aumentaría el déficit público, aspecto que va en sentido opuesto a las exigencias de Bruselas de reducir el déficit público.

Pero, a mi juicio, lo más importante es el incremento de la deuda pública que se origina con el nuevo préstamo. La deuda pública española actual ronda los 800.000 millones de euros, y la deuda privada, los 2 billones. Si a la deuda pública le sumamos, por ejemplo 50.000 millones (debido al nuevo préstamo) la ratio deuda/PIB sube hasta cerca del 84% lo que fragiliza, aun más, la solvencia y podría haber mayores rebajas de la calificación por parte de las agencias de rating, con la consiguiente subida de la prima de riesgo. Es decir los inversores-especuladores no se fían de la solvencia española.

¿Por qué no se fían? Por varias razones. Me voy a centrar en el aspecto de la deuda vencida. La dinámica del endeudamiento público da lugar a que los vencimientos de la deuda supongan unas cantidades importantes. Las previsiones de Natixis (2011) señalaban que en 2011 el vencimiento (y por tanto, pago) supondría más de 44.000 millones, con un coste medio del 3,6%. En 2012, la cantidad será de 46.170 millones; en 2.013, 44.180 millones; y en 2.014, 41.210 millones. Y para el periodo 2015-2020 vence deuda pública por un valor de 95.890 millones. Ante estas cifras, el gobierno español ha emitido deuda, según Natixis, por un valor cercano a 93.000 millones, en 2011, para atender a la refinanciación. Este volumen de deuda, junto con los intereses asociados suponen una fragilización del sector público y aumenta la incertidumbre sobre el pago. Y esta afirmación es válida para el periodo 2012-2016.

Hay que tener en cuenta que son bastante diferentes las tasas de interés de la deuda pública emitida según el plazo. En 2009, la tasa a 10 años ha estado al 4%, y en 2012 está al 6% Y esto tiene cierta importancia dado que las dificultades de pago hay que relacionarlas con los débiles crecimientos económicos (menos del 2% del PIB) previstos para el próximo trienio.

A la vista de lo anterior, se puede afirmar que es imposible pagar la deuda y que, por tanto, la degradación social seguirán durante los próximos 5 años. Si a lo señalado añadimos el nuevo préstamo y sus «condiciones», vemos que la fragilidad de la economía española aumenta.

Además conviene señalar que la deuda pública y las debilidades de la banca se retroalimentan, dado que los bancos españoles poseen más de 200.000 millones en forma de títulos de deuda pública, y ahora el gobierno les va aprestar dinero.

Y en la perspectiva de debilidad de la actividad económica es imposible ni reducir el déficit público ni la deuda pública sustancialmente, si no es a costa de recortes sociales durante varios años, y finalmente hacer una quita de la deuda pendiente. Pero ¿resistirá el euro? La crisis sigue...