Inaki Irazabalbeitia | Responsable de Asuntos Internacionales de Aralar
Algo más que el punto número 33
La resolución destaca la importancia del papel que desempeñan la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil a la hora de introducir cambios transformadores
El pasado 24 de mayo el Parlamento Europeo aprobó con un amplia mayoría una resolución titulada «Una Europa que utilice eficazmente los recursos». Es una importante resolución en la cual se hace un llamamiento principalmente a la Comisión y a los estados miembros de la Unión para que desarrollen una serie de medidas y políticas encaminadas a una gestión más sostenible de los recursos naturales.
La resolución consta de 88 puntos en los cuales se abordan propuestas en muy diferentes ámbitos de la actividad humana. El punto 33 hace referencia a la incineración y por ello ha producido en nuestros círculos políticos una cascada de reacciones tratando cada parte de arrimar el ascua a su sardina. En ello quizás ha tenido que ver la redacción de la nota de prensa del Parlamento, ya que llevaba por título «El PE pide eliminar gradualmente los vertederos y la incineración de materiales reciclables». Unos han querido ver la prohibición de la incineración y otros el apoyo a las políticas de gestión de residuos llevada a cabo hasta esta legislatura.
Veamos lo que dice el punto 33 de la resolución aprobada:
«Pide a la Comisión que racionalice el acervo en materia de residuos considerando la jerarquía de residuos y la necesidad de eliminar casi por completo los desechos residuales; pide, por tanto, a la Comisión que presente propuestas antes de 2014 con el propósito de implantar gradualmente una prohibición general de los vertederos de residuos a escala europea y de eliminar progresivamente, hasta finales de esta década, la incineración de residuos reciclables y compostables...».
Dos aspectos destacaría yo. Por un lado, las resoluciones del Parlamento Europeo no son vinculantes ni para la Comisión ni para los estados miembros. Por lo cual la Unión no ha prohibido por ahora la incineración y menos cuando lo único que pide es la presentación de propuestas. Por otra parte, es de prever que a causa de su muy amplio apoyo parlamentario esta resolución tenga algún efecto en las políticas comunitarias. Ello conllevará posiblemente que a medio plazo no sea posible la incineración de residuos reciclables y compostables en la Unión, por lo que esquema de tratamiento de residuos del PIGRUG y el dimensionamiento de la incineradora de Zubieta quedarán fuera de juego.
Como ya he señalado más arriba, la resolución hace unos planteamientos muy interesantes de cara a mejorar la gestión de los recursos naturales. Resalta la necesidad de acordar antes de 2013 unos indicadores claros, sólidos y mesurables de la actividad económica que tengan en cuenta el cambio climático, la biodiversidad y la eficiencia en el uso de los recursos y que puedan servir de base para la adopción de medidas legislativas.
Pide una ampliación de la directiva de diseño ecológico para englobar también productos no relacionados con la energía y, además, insiste un etiquetaje exhaustivo en los productos que indique el nivel de uso de recursos del producto en cuestión para que la ciudadanía pueda tener la información necesaria a la hora de adquirir este o aquel producto.
Incide en la necesidad de recurrir a la fiscalidad medioambiental. En ese sentido, propone aplicar un tipo reducido de IVA para los materiales secundarios.
Señala la necesidad de reforzar los requisitos de contratación ecológica en las realizadas por la administración pública y, además, insta a la Comisión a que evalúe si la contratación pública ecológica puede vincularse a proyectos financiados por la Unión Europea. Una consecuencia de esto último sería la obligatoriedad de aplicar los requisitos de la contratación ecológica en proyectos financiados con fondos FEDER, los cuales son bastante habituales en nuestro país. Los fondos FEDER para CAV en el periodo 2007-2013 son de algo más de 240 millones de euros.
La resolución destaca la importancia del papel que desempeñan la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil a la hora de introducir cambios transformadores. Por ello pide a la Comisión y a los estados miembros que hagan hincapié en la información, la educación y la concienciación de la ciudadanía de cara a lograr hábitos más eficientes en el uso de los recursos.
Por otra parte, pide que se desvincule el concepto de crecimiento económico del consumo de recursos, es decir, que no se mida la pujanza de una economía solamente en función de parámetros de cantidad de productos consumidos; por ejemplo, en función del incremento de la energía consumida.
Y también apuesta por la I+D como medio para mejorar la gestión de los recursos; por ejemplo, para la obtención de productos y procesos alternativos que minimicen el consumo de materias primas y energía.
No falta un toque «nacionalista» en el documento cuando se señala que «las industrias de los estados miembros tienen que depender cada vez más de las materias primas nacionales».
En resumen, una resolución que va bastante más allá del tema de la incineración y el vertido de residuos y que aconseja un pausada y reflexiva lectura, que además da a nuestros responsables políticos pistas importantes para desarrollar políticas de mejora en la gestión medioambiental.