La información de que la Iberdrola no pagó el impuesto de Sociedades en Bizkaia en 2009 y en 2010 sacudió ayer estamentos económicos e institucionales. La Diputación de Bizkaia, que tachó lo difundido de incorrecto y mentiroso, adujo que la compañía tributa en «territorio común», lo que le exoneraría de ese tributo. Pero eso no explica las deducciones e incentivos fiscales que se han otorgado a Iberdrola bajo el pretexto de impulsar la innovación y la investigación, pero que se han utilizado para comprar empresas extranjeras -Scottish Power y Energy East¯, denunciadas por la competencia, y que desde el punto de vista recaudatorio tienen un efecto demoledor en las arcas públicas. Incentivar fiscalmente ese tipo de operaciones comerciales al amparo del Impuesto de Sociedades es una práctica nociva que genera, además, un indisimulado enfado en la sociedad.

Quienes critican por injusta e inmoral una política fiscal que permite ese tipo de fraudes se cargan de argumentos cada vez que salen a la luz datos como estos. Que Iberdrola no pague el Impuesto de Sociedades cuando obtiene casi 5.700 millones de euros de beneficios es un escándalo descomunal, humillante para los ciudadanos. Y pone de manifiesto la necesidad de reformular la regulación de dicho impuesto -un auténtico chollo para compañías como Iberdrola- para por implementar una nueva política fiscal justa y eficaz.