La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó ayer, con cuatro votos discrepantes, la querella interpuesta contra Carlos Dívar por sus viajes a Marbella; sin embargo, el revuelo causado en torno al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Supremo está lejos de amainar. De hecho, es posible que en las próximas horas asistamos a un nuevo capítulo de este caso, ya que cinco vocales del órgano de gobierno de los jueces españoles han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para solicitar la dimisión de su máximo representante, quien a su vez había maniobrado por su cuenta convocando un pleno la semana que viene.

En las últimas fechas se han multiplicado las voces que desde ámbitos políticos e institucionales alertan de que el «caso Dívar» está dañando la imagen de la judicatura española. Sin embargo, hace tiempo que esa imagen es pésima. No solo en la sociedad vasca, que nunca ha tenido buen concepto de los jueces españoles, sino también en el conjunto Estado, donde la ficción de una justicia independiente y ajena a intereses políticos hace mucho que no se sostiene. Informaciones que anuncian decisiones judiciales en función del partido que nombró a cada magistrado, luchas internas aireadas sin ningún rubor y una actitud obsequiosa respecto a los sectores más poderosos son algunos de los síntomas de un poder que nació gangrenado. Entre otros motivos, porque nunca rompió con su pasado franquista. Lo que en Euskal Herria, objetivo preferente de una política represiva en la que todos los poderes del Estado han ido de la mano, era de sobra conocido, la ciudadanía española lo ha comprendido a golpe de escándalo. Así, la malversación que le atribuyen al presidente del Supremo es una gota en un vaso colmado.

Puede decirse que Carlos Dívar -cuya posición fue determinante para el veto a Sortu- representa a la Justicia española. No solo orgánicamente, como presidente del CGPJ, sino también en un sentido más amplio. Con ideas de otros tiempos, caduco, decrépito y arrogante hasta el extremo, el sistema judicial español no podía haber elegido a nadie mejor para verse reflejado.