A pesar de que los detalles del «rescate» del Estado español no se han dado a conocer, el Gobierno irlandés se ha apresurado a negar que el ejecutivo de Madrid haya negociado condiciones mejores a las obtenidas por el irlandés a finales del 2010, incluyendo un papel secundario para la troika formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y la Comisión Europea.

Desde el Gobierno de Dublín, fue el ministro Brian Hayes quien aseguró que las condiciones bajo las que el Gobierno de Madrid podrá acceder al rescate son las mismas que se aplican a Irlanda y que el programa de austeridad puede ser incluso más duro si se considera que el Estado español debe alcanzar un 3% para el 2014, mientras que Irlanda dispone de un año más.

Por su parte, Sinn Féin denunció que una vez más son los contribuyentes los que tendrán que cargar con la deuda de las entidades bancarias privadas con «un rescate por su sistema bancario tóxico que reposa en las espaldas de los ciudadanos. Resulta familiar», apuntaba la diputada republicana Mary Lou McDonald.

Y si nos fijamos en las coincidencias, hay que recordar que la crisis irlandesa también se disparó con el hundimiento de un banco -el Bankia irlandés se llama Anglo-Irish Bank-. Precisamente, McDonald acusó al Gobierno irlandés de no haber renegociado la deuda bancaria irlandesa a tiempo y haber renegado de su promesa electoral de `ni un céntimo para los bancos tóxicos' cuando la realidad ha sido la opuesta, ya que el Gobierno irlandés invirtió más de 21.000 millones en los bancos mientras que tan solo 500 millones se dedicaron a la creación de empleo.

Esta es una deuda impensable, pero que en realidad suena a «blanqueo» de dinero estructurado. Los fondos públicos viajan a través del Banco Central Europeo a gobiernos, o directamente a bancos, donde se transforman en privados al pasar a manos de obligacionistas -un obligacionista es un acreedor en tanto el accionista es, en cierto modo, un dueño en una sociedad-, que en muchos casos son otras instituciones bancarias.

Subidas de impuestos

Y ¿qué ha significado ese «rescate» para el ciudadano de a pie en Irlanda? Pues para empezar, y desde el punto de vista fiscal, el rescate ha sido como una piedra al cuello del contribuyente, con subidas de impuestos que se han camuflado en disminución de los ingresos mínimos tasables. Entre estas medidas se encuentran la disminución o desaparición de los créditos fiscales, incluso aquellos referidos a los planes de pensiones; la subida del IVA e impuestos especiales; la instauración de un Impuesto sobre Bienes Inmuebles; o la subida del impuesto de emisión de humos.

Y, claro está, que para poder permitirse el dirigir fondos públicos hacia la banca en un momento de crisis económica, los servicios públicos y ayudas sociales son los primeros que sufren el «tijeretazo» presupuestario bajo gobiernos de derechas como el español y el irlandés -compañeros en el mayoritario grupo popular en el parlamento europeo-. Así pues, a los recortes a los subsidios de desempleo -en el punto de mira para una nueva reducción si es necesario-, les ha seguido un recorte en las medidas de protección social dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asimismo, se ha establecido un incremento en la edad de jubilación, que ha pasado a ser de 66 años para los que se jubilen antes del 2014 a 67 para los que lo hagan antes del 2021 y 68 de ahí en adelante.

En lo que respecta a los servicios públicos, estos se atajan con la reducción del funcionariado, así como de los salarios (un 10%) y pensiones de empleados públicos (un 4%).

Irlanda también ha vivido una reforma laboral, con una reducción del sueldo mínimo de un euro por hora, supuestamente para la creación de empleo, y la condicionalidad en la recepción de subsidios a la disponibilidad para aceptar ofertas de trabajo y capacitación.

Asimismo, como parte de su compromiso con la troika, cualquier ingreso inesperado que llegue a las arcas irlandesas debe dedicarse a la reducción de la deuda, pero ésta no es una deuda soberana, a pesar de que el Gobierno ha aceptado que las deudas provocadas por las decisiones temerarias de banqueros avariciosos, reguladores incompetentes o constructores temerarios deben ser responsabilidad de los ciudadanos, que en su gran mayoría no han tenido ninguna culpa en las acciones que han provocado esta deuda.