Crisis del sistema financiero español
Bruselas precisa que el rescate elevará la deuda y el déficit
La Comisión Europea defiende que los bancos con problemas, cuya quiebra no desestabilice la economía, deben estar abocados a la liquidación si no son capaces de sobrevivir sin el respaldo público. «No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario»
GARA | BRUSELAS
Aunque sea a cuentagotas, poco a poco van saliendo a la luz las condiciones del rescate de hasta 100.000 millones de euros acordado el fin de semana pasado entre el Gobierno español y el Eurogrupo. Las explicaciones no vinieron de mano de Mariano Rajoy, que eludió en todo momento aclarar las características de la ayuda, sino que fueron fuentes de la Unión Europea (UE) las que adelantaron algunos aspectos del mismo. Así, aseguraron que se impondrá como condición para obtener el rescate que el Estado español cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no afecte a la estabilidad de la economía.
Estas mismas fuentes señalaron que no tiene por qué salvarse a todos los bancos «si no es estrictamente necesario». «Hay casos en los que habrá que liquidar entidades», aclaró un alto funcionario europeo. Además, informó de que ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad.
También aportó datos sobre el interés que deberán abonar las entidades que pidan fondos públicos y anunció que rondará el 8,5%, frente al 3 o el 4% que pagará el Estado español por la ayuda europea. Según explicó, el objetivo de este interés «casi prohibitivo» es empujar a los bancos a lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado.
Agregó que se intervendrá en aquellas entidades que no puedan cubrir sus necesidades por los mecanismos del mercado y cuya quiebra pudiera tener un impacto sistémico, aunque matizó que se hará con condiciones «muy estrictas». La UE quiere «evitar al máximo que se utilice dinero público», de modo que «si hay entidades que deben quebrar, quebrarán», afirmó.
El Gobierno niega cierres
Frente a estas afirmaciones, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, rechazó la posibilidad de que el Gobierno cierre algunos bancos en el marco de la reestructuración financiera.
Sobre el plazo de devolución del rescate, que aún está por discutir, dejó caer que si conlleva un periodo de 15 años y un tipo de interés «del 3%» serían unas condiciones «muy atractivas». No obstante, la decisión sobre el plazo de devolución del rescate está en manos de la eurozona, que espera la solicitud oficial del Estado español para realizar una primera estimación de las necesidades de la banca.
Siguiendo la línea de su partido, que evita a toda costa la palabra rescate, Jiménez Latorre insistió en que se trata de un «préstamo» cuyo coste soportarán «en principio» los bancos.
Precisamente con el objetivo de proteger a los consumidores de cualquier consecuencia que el rescate pueda acarrear en sus bolsillos, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) pondrá en marcha un observatorio que vigilará, entre otros aspectos, el control de las comisiones y gastos que las entidades apliquen a los productos financieros.
Italia se tambalea
Mientras tanto, crecen las teorías que apuntan a Italia como próxima víctima de la zona euro en recurrir al rescate. Intentando mitigar las alarmas surgidas con la escalada de la prima de riesgo, Monti aseguró que Italia está «muy tranquila» al tiempo que el ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, señaló que no existirá riesgo siempre que continúe con las reformas.
Medio centenar de delegados de LAB ocuparon ayer una sucursal de Bankia en Bilbo en rechazo al rescate y reclamaron que ese dinero se destine al desarrollo de los servicios públicos.
Adicae teme que la banca quiera hacer pagar el coste del rescate a los usuarios mediante los «fraudes del ahorro», los tipos de interés o las comisiones que cobra por las tarjetas de crédito.
Por si la desconfianza en la economía española no fuera ya suficiente, el economista jefe de la gestora de fondos Natixis Asset Management, Philippe Waechter, dijo ayer que el rescate solicitado por el Estado español a sus socios europeos le «permitirá comprar tiempo» para llevar a cabo nuevas reformas. Es más, advierte que de no darse avances concretos a través de dichas reformas, el Estado español necesitará un nuevo rescate para su economía. Apuntó que el rescate será un alivio momentáneo, una ayuda a corto plazo, pero que serán imprescindibles nuevos ajustes. Si estos ajustes no lograran los objetivos marcados, el riesgo sería elevado para la eurozona.
La ayuda que se concederá al Estado español computará como deuda pública, por lo que en el caso de que sean 100.000 millones de euros, el ratio de deuda respecto al PIB se elevará este año a alrededor del 90%. Además, señaló que aunque el sector bancario es quien tendrá que devolver esta ayuda, si no es capaz de ello, esto corresponderá al Gobierno y, por lo tanto, al conjunto de la sociedad.
En este mismo sentido, el Eurostat confirmaba ayer que el préstamo que recibirá la banca española a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) afectará directamente a la deuda, así como los intereses del mismo en el déficit.
Waechter advirtió que esta situación tendría un impacto «dramático» en el mercado de la deuda que, probablemente, llevaría al Gobierno a pedir ayuda global. GARA
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reconoció que hay un «problema sistémico» en la eurozona, por lo que pidió «más integración», y dijo no estar seguro de que todas las capitales europeas entiendan «la urgencia» de la situación.
El ministro británico de Economía, George Osborne, calificó de «deprimente» el plan de rescate europeo porque se canaliza a través del Estado en lugar de inyectarse directamente a los bancos, lo que no contribuye a dar confianza a los mercados.
La sección de UGT de Telemadrid denunció ayer que la dirección, afín al PP, obliga a sus redactores a no utilizar la palabra «rescate», en consonancia con la estrategia del Ejecutivo.
Un grupo de mineros que exhibió camisetas reivindicativas de apoyo a la huelga fue expulsado del hemiciclo cuando se trataba una pregunta sobre el sector.
La presión que están ejerciendo los mercados sobre el Estado español ha provocado un nuevo repunte del bono estatal a diez años, que terminó ayer en el 6,75%, un nuevo máximo al cierre de una sesión desde la entrada en el euro.
